La justicia brasileña considera que hay indicios para que el expresidente sea investigado por supuestamente recibir un soborno de la constructora
Una pintada pide la liberación de Lula en Río de Janeiro. PILAR OLIVARES REUTERS
Dos días después de que se anunciara que puede estar más cerca de cumplir su condena en un régimen de libertad vigilada, Luiz Inácio Lula da Silva ha visto cómo aumentaba su cifra de procesos judiciales pendientes. Este jueves, la justicia autorizó el inicio de una nueva causa contra él y, con ello, se enfrenta a su décima acusación desde 2016 —en una de ellas ya ha sido absuelto—. La Justicia Federal de Brasilia consideró que hay indicios para que el expresidente, encarcelado desde hace poco más de un año en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, sea investigado bajo la acusación de recibir un soborno de la constructora Odebrecht a cambio de favores políticos.
Lula ya fue condenado en dos de los nueve procesos que tiene abiertos. Está encarcelado desde abril del 2018 por corrupción y blanqueo de capitales en el caso del apartamento de tres plantas de Guarujá. Una sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Justicia (STJ, por sus siglas en portugués), la tercera instancia de la Justicia brasileña, donde su pena fue reducida a ocho años y 10 meses de prisión. La otra condena, de 12 años y 11 meses por el caso del chalet de Atibaia fue decretada solo en primera instancia —la pena solo puede empezar a cumplirse tras la condena en segundo grado—.
El juez Vallisney de Oliveira, que ya había abierto otros dos procesos contra Lula, aceptó la nueva denuncia de la Fiscalía, que también acusa a los exministros Antonio Palocci y Paulo Bernardo. El Ministerio Público argumenta que los tres participaron, en 2010, en la recepción de sobornos por valor de 40 millones de dólares a cambio de beneficios para Odebrecht por medio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes). Según la Fiscalía, la institución había elevado a 1.000 millones de dólares un préstamo concedido a Angola, cuyo Gobierno mantenía un contrato con la constructora brasileña; el empresario Marcelo Odebrecht también está entre los acusados de esta causa.
En un comunicado, la defensa del líder del Partido de los Trabajadores dice que «una nueva causa penal contra el expresidente Lula […] refuerza el uso perverso de la ley y de los procedimientos jurídicos para fines políticos». Según sus abogados, «Lula jamás pidió o recibió ninguna ventaja indebida antes, durante o después de ejercer el cargo de presidente de la República».
Los letrados del expresidente achacan la apertura de la línea de crédito del BNDES a Angola a un consejo de ministros y reclaman que «Lula ni siquiera declaró en la fase de investigación, ya que claramente no tienen ninguna relación con los hechos». «Su nombre solo se incluyó en la denuncia a partir de un relato mentiroso presentado por el delator que recibió beneficios generosos para acusar a Lula», finaliza la nota.
Aparte de las causas mencionadas, a Lula también se le investiga por, presuntamente, vender medidas provisionales para favorecer a fabricantes de automóviles en dos procesos surgidos a partir de la Operación Zelotes. En el caso conocido como Quadrilhão do PT (La gran cuadrilla del Partido de los Trabajadores) a Lula se le acusa junto a la expresidenta Dilma Rousseff, Palocci y el exministro Guido Mantega de desviar 1.500 millones de reales (unos 386 millones de dólares o 324 de euros) de Petrobras durante 14 años –de 2003 a 2016–. También Lula es investigado por su supuesto papel como lobbista de Odebrecht en el extranjero. Y también está el caso de la compra de un terreno para la instalación del Instituto Lula, que habría sido sufragada por Odebrecht con 12,9 millones de reales [algo más de 3 millones de dólares o 2,65 millones de euros]. El instituto acabó instalándose en otro emplazamiento.
EL País
