El juez del Supremo descarta acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Carles Puigdemont tendrá libertad de movimientos fuera de España sin temor a ser detenido. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado la entrega del expresidente catalán solo por el delito de malversación y ha retirado la euroorden dictada contra Puigdemont y el resto de los huidos. Llarena considera que el Tribunal de Schleswig-Holstein ha minado su capacidad como instructor, pero descarta llevar la actuación alemana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre ella.

El rechazo a la entrega por malversación era la opción que defendía un sector del Supremo desde que se conoció la respuesta de Alemania. En principio, implica condenar a Puigdemont a vivir fuera de España porque sí se mantiene la orden de detención nacional y el expresidente será arrestado si entra en el país. Esta situación se puede mantener al menos durante los 20 años que tarda en prescribir el delito de rebelión. Pero esta opción implica también la renuncia a juzgar por ahora al expresidente, lo que se puede interpretar como un agravio respecto a los líderes independentistas que no se han fugado y se han puesto a disposición de la justicia española.

En un auto notificado este jueves, Llarena destaca “la falta de compromiso” del tribunal alemán con unos hechos «que podrían haber quebrantado el orden constitucional español», y estima que los jueces alemanes han anticipado un enjuiciamiento para el que no tienen competencias, sin sujetarse ni a los preceptos de la decisión marco sobre la Orden de Detención Europea, ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni al manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea. Llarena ha decidido además retirar las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra Puigdemont, así como las de Antonio Comin, Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira. Sí mantiene las órdenes nacionales de detención, por lo que todos serán detenidos si entran en España.

La decisión de Llarena llega después de que la semana pasada la justicia alemana admitiera la entrega de Puigdemont solo por malversación, pero no por rebelión, el delito más grave que se atribuye al expresident (hasta 30 años de cárcel) y el que vertebra toda la causa abierta en el alto tribunal contra los líderes independentistas. La resolución de Alemania impide juzgar a Puigdemont en España por ese delito, por el que sí pueden ser juzgados los procesados que se han quedado en España, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras. Fuentes del entorno de Puigdemont dan por finalizado el proceso en Alemania  y descartan ya acudir al Tribunal Constitucional para intentar revocar el delito de malversación. «Ya no hay razón ni procedimiento sobre el que recurrir», afirman estas fuentes, informa Ana Carbajosa.

En un auto cargado de reproches contra la actuación del tribunal de Schleswig-Holstein, Llarena expone que la justicia alemana debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos en el auto de procesamiento del juez español son delito en aquel país y si justificarían por ello que, de haber ocurrido los hechos allí, se impulsara una investigación penal semejante a la que se ha abierto en España.

El instructor cree además que Alemania ha actuado “desde una conclusión cerrada de cómo se desarrollaron los hechos o de cuáles fueron las intenciones que pudieron guiar a los partícipes». Y al actuar así, añade, “ha adelantado un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación” y lo ha hecho “desde un posicionamiento desacertado”.

Según el auto de Llarena, el Tribunal de Schleswig-Holstein llega a valorar en algunos extremos la declaración del expresidente catalán ante los jueces alemanes entrando en el fondo del asunto. Eso supone, afirma el juez, dar a la versión de Puigdemont un valor probatorio definitivo, pese a que su declaración no pueda confrontarse con el resto de pruebas recogidas en la causa y que Alemania desconoce y sin que esas acusaciones puedan intervenir en el proceso.

Rechazo a acudir al Tribunal de Justicia de la UE

Desde que se conocieron las reticencias de Alemania a entregar a Puigdemont por rebelión, Llarena ha estudiado la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, el instructor ha descartado finalmente esa opción porque considera que es Alemania la que debió plantearla. “Así, se habría obtenido una interpretación uniforme de la norma garantizando el principio de igualdad en su aplicación en toda la UE”, advierte el juez.

Según Llarena, había razones para que el tribunal de ejecución de la euroorden (en este caso, de Alemania) hubiera acudido al TJUE, ya que tenían que haberle surgido “dudas interpretativas” dada la posición del fiscal general del Estado de Schleswig-Holstein, quien solicitaba la entrega por los dos delitos y no solo por malversación, y la información complementaria que les remitió el propio instructor español en defensa de sus tesis.

Retirada de euroórdenes

Llarena afirma que todas esas circunstancias “no sólo cortocircuitan» la operatividad de la euroorden, sino que «deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento”. En estas circunstancias basa el instructor su decisión de rechazar la entrega de Puigdemont como responsable solo del delito de malversación y retirar las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra el expresident.

El juez ha optado también por renunciar a las euroórdenes dictadas contra los otros huidos, pero en su auto aporta escasas explicaciones de esta decisión. El instructor hace referencia a la denegación de entrega acordada en Bélgica respecto a los tres procesados que están en ese país (los exconsejeros Comin, Puig y Serret) y recuerda que las autoridades de ese país no aceptaron que el auto de procesamiento contra los tres incluyera una orden nacional de detención y de ingreso en pisión, tal y como exige la normativa. Según el juez, la valoración sobre el auto de procesamiento que hizo Bélgica “discrepa abiertamente” de lo que el Supremo trasladó al tribunal belga, “despreciando el conocimiento que cada órgano judicial tiene de su propio ordenamiento jurídico”. “Se muestran así inasumibles las objeciones formales expresadas en la resolución belga”, reitera Llarena, que retira también las euroórdenes contra Clara Ponsatí (que se encuentra en Escocia) y contra Marta Rovira (Suiza) aunque no argumenta esta decisión. La exdiputada de la CUP Anna Gabriel también huyó a Suiza pero solo está procesada por desobediencia y no se dictó contra ella orden europea ni internacional de detención.