El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia, ha entregado este martes al Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) dos personas secuestradas desde mediados de marzo. El militar Fredy Alexander Chaverra había sido secuestrado junto con su pareja, Leidy Bibiana Betancur, en el departamento del Chocó, en el oeste del país. Esta operación se produce en medio del proceso de diálogo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN y en vísperas de que, a principio de marzo, reanuden las conversaciones que terminaron, en su primera fase, sin apenas avances.
“Nos alegra confirmar que hemos culminado satisfactoriamente esta operación humanitaria y que estas dos personas van a reencontrarse pronto con sus familias. Agradecemos la confianza que las partes involucradas han depositado en el CICR para llevar a cabo esta y otras misiones humanitarias en el país”, ha señalado la responsable de Cruz Roja en el Chocó, Anna Praz, a través de un comunicado. En la liberación participaron representantes de tres de los países observadores en el diálogo con la guerrilla: Cuba, Noruega y Ecuador.
En paralelo, el Ministerio de Defensa colombiano ha informado del rescate de tres guerrilleros indígenas de esa organización que estaban en poder de la banda criminal Clan del Golfo. El Ejecutivo ha destacado que las liberaciones se han producido “gracias a la presión” de las fuerzas armadas. El ELN ha calificado, en cambio, el secuestro del militar como una acción de “carácter averiguatorio, pues nadie en la zona lo conocía”. Y agregó que “el cabo tercero liberado hoy y la acompañante fueron puestos en libertad luego de ser investigados como ordena la legislación del ELN”. “Es falso que el cabo y su esposa fueron liberados por presión del Ejército”, mantuvo la organización insurgente.
Este clima confirma la tensión del proceso de diálogo con el Gobierno, que tras la firma del acuerdo con las FARC se sentó con la guerrilla en Quito para tratar de negociar la paz. La práctica del secuestro ha sido, por el momento, el elemento que más ha tensado las conversaciones. Las delegaciones, encabezadas por Juan Camilo Restrepo por parte del Gobierno y Pablo Beltrán en representación de la guerrilla, coinciden en dos cuestiones. Esto es, trabajar en “un programa piloto de desminado humanitario” y actuar “de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario (DIH)” para “proteger a las personas no combatientes y a la población civil”.
La interpretación de último punto alimentó hace semanas un cruce de acusaciones públicas. El Ejecutivo exigió a los guerrilleros “la cesación de la práctica del secuestro” como “imperativo” del Derecho Internacional Humanitario. “¡Qué ceguera por parte del ELN!”, dijo Restrepo en Twitter. “No solo quebrantan el DIH que dicen respetar, sino que cada vez se alienan más de opinión pública”, agregó. Radio Nacional Patria Libre, órgano oficial de esta guerrilla, respondió con una acusación rotunda: “Si el Gobierno respeta el DIH debe de inmediato parar el genocidio de líderes sociales y no mentir más diciendo que lo hacen fuerzas oscuras”.
El País
Por Confirmado: Gabriella Garcés
