La oferta de cambio que viene con las elecciones legislativas del próximo domingo gana músculo ante las posibilidades de poner contrapeso al poder. En los últimos 15 años el oficialismo ha anulado progresivamente todo lo que la Constitución establece en materia de descentralización. ONG como Un Estado de Derecho y Monitor Legislativo consideran que devolver competencias a gobernaciones y alcaldías y resolver los problemas de concurrencia de funciones son una tarea fundamental del próximo Parlamento. La derogatoria de ciertos artículos de leyes y la creación de nuevas normas, aseguran, contribuirá a que las actuaciones gubernamentales sobre problemas cotidianos como la inseguridad y la mala calidad de los servicios públicos tengan mejores resultados

“Es cierto que un diputado no hace carreteras, pero la diferencia con la derecha es que un diputado de la revolución toca las puertas del gobierno nacional, de un ministro, de un gobernador o de un alcalde y se hace la carretera. Aquí no hay ventajismo, lo que tenemos es ventajas”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a los integrantes del comando de campaña del Gran Polo Patriótico en Carabobo, el 10 de octubre.

No parece ser una ocurrencia puntual de Cabello, sino más bien un lineamiento expreso para conseguir votos. Esta semana, el 24 de noviembre, como parte de su campaña para mantener una curul, Cabello encabezó un acto de entrega de viviendas en Maturín. Alguien le reclamó públicamente las fallas del servicio eléctrico: “Aquí uno está diciendo que no hay luz. Voy a hablar con (Luis) Motta Domínguez para que revise lo que tenga que revisar en Santa Inés VI. Eso sólo es posible porque es un solo gobierno, pero ¿puede venir aquí un candidato de la oposición a decir: ‘Mañana veo como hago para poner la luz’? ¡Coba pura!”.

Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la AN y también candidato a diputado por el PSUV, cumple la la misma estrategia de campaña: “Estamos dando respuestas al pueblo de Cagua y especialmente a la comunidad de La Segundera, quienes habían padecido por la falta del servicio de agua. Hace tres días nos solicitaron este apoyo y hoy, gracias a la gestión de su diputado Elvis Amoroso, en coordinación con el alcalde Eusebio Agüero, hemos logrado devolverle el agua potable”, dijo Amoroso, sin modestia alguna, en un acto proselitista el 7 de noviembre.

Si no tuvieran que ver con una transacción electoral, los discursos de Cabello y Amoroso corresponderían a la posibilidad de que la AN contribuya a resolver los problemas de la gente. Pero, en la víspera de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, evidencian un ejercicio pragmático del poder por parte del oficialismo que confirma el esfuerzo sostenido del chavismo para anular progresivamente todo lo que la Constitución establece en materia de descentralización.

El 15 de diciembre de 2009, en la celebración del décimo aniversario de la Constitución, el dirigente del PSUV Aristóbulo Istúriz lo expresó sin eufemismos, al proclamar la instauración de un Estado comunal: “Los mejores gobernadores serán los primeros que desbaraten las gobernaciones; los mejores alcaldes serán los primeros que desbaraten las alcaldías”. El desmantelamiento de estas instituciones tuvo como centro de operaciones el Parlamento.

En diciembre de 2010, la primera vez que se vio amenazado de perder su hegemonía en el Poder Legislativo por la vía de los votos, el chavismo se apresuró a dictar las llamadas leyes del poder popular. Desde la academia y el movimiento asociativo independiente, se argumenta que estas normas tienen un propósito contrario a su denominación: quitarle poder al pueblo en el diseño, ejecución y seguimiento de la acción del Estado y en el abordaje de los asuntos comunitario.

La devolución de competencias y recursos a los municipios es un asunto poco visible en la agenda de la mayoría de los candidatos. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales advierten que es una tarea prioritaria de la legislatura que se elegirá el 6 de diciembre. Es una de las ventanas que abre el cambio parlamentario.

La ONG Un Estado de Derecho elaboró un informe que propone la aplicación del artículo 165 de la Constitución como principio fundamental para revisar y modificar las normas impuestas por la mayoría oficialista que desvirtúan el federalismo consagrado en la carta magna.

“Las materias objeto de competencias concurrentes serán reguladas mediante leyes de bases dictadas por el Poder Nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados. Esta legislación estará orientada por los principios de la interdependencia, coordinación, corresponsabilidad y subsidiariedad”, indica el artículo 165.

Participación con autonomía. En el documento elaborado por los abogados Luis Alfonso Herrera, Giuseppe Graterol y Mayerlin Matheus, con la coordinación de Antonio Canova y Rosa Rodríguez, se insiste en la finalidad y en los beneficios: “1) profundizar la descentralización y la autonomía política municipal como medio para hacer más eficiente y eficaz la prestación de servicios y actividades, y 2) facilitar la participación directa de los asuntos públicos municipales, no solo vía elecciones y consultas públicas, sino también mediante la gestión de servicios”.

Herrera dice estar consciente de la necesidad de que los cambios en la legislación para reivindicar la descentralización cuenten con el aval de los ciudadanos y, en ese sentido, sería necesario afrontar los temores infundados que propala el oficialismo sobre la supuesta pérdida de conquistas populares si la oposición logra la mayoría en la Asamblea Nacional. En ese sentido, de los consejos comunales rescata el estímulo a la participación y organización de la gente para resolver sus problemas. Sin embargo, considera que tal propósito queda aplastado por una legislación  que los subordina funcional y presupuestariamente al gobierno nacional y niega su interlocución natural con los gobiernos locales. “En la práctica, lo prioritario para el gobierno es la instrumentalización ideológica y electoral de los consejos comunales, de modo que las aspiraciones de la gente quedan en un segundo plano, a merced de una burocracia que tiene su asiento en Caracas y que, en definitiva, aleja las soluciones”, afirma el abogado.

Más allá de las leyes. En un documento denominado “Rescatemos la federación y el federalismo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los estados y municipios de Venezuela”, difundido por la plataforma Parlamentemos.org, el experto en descentralización Carlos Mascareño, identifica los principales mecanismos de reconcentración del poder entre 1999 y 2015 y sus consecuencias: “Durante este período se revirtieron las competencias fundamentales de los estados: vialidad, puertos, aeropuertos, salud, deporte, educación, seguridad, vivienda, protección al menor y programas sociales. Por otro lado, se arremetió contra los municipios y se aniquiló institucionalmente la Alcaldía Metropolitana. Crearon un gobierno paralelo, con una jefatura designada por la Presidencia, que no resolvió los problemas de la capital. La precaria situación de los servicios públicos ha estado acompañada de la asfixia financiera de los estados y municipios, a pesar de los altos precios petroleros. El situado y el Fondo de Compensación Interterritorial han sido manejados discrecionalmente, favoreciendo a gobernadores y alcaldes del partido de gobierno. De esta manera, el ingreso de los estados y los municipios terminó siendo apenas 9,6% de los ingresos públicos del país, muy lejano al 29% que se había logrado en 1998. En definitiva, sustrajeron los recursos de la población y los concentraron en fondos nacionales manejados por el poder central de manera discrecional”.

Mascareño sostiene que durante los tres últimos lustros las relaciones intergubernamentales se controlan desde Miraflores y la participación ciudadana degeneró en un proceso tutelado por el PSUV. Recuerda que en 2010 la AN aprobó la ley del Consejo Federal de Gobierno: “Se esperaba que sirviera para coordinar las relaciones entre los tres niveles de gobierno. Por el contrario, se promovió un organismo para desmontar el federalismo y la descentralización. El vaciamiento de competencias y recursos y municipios se ha realizado a través de leyes que son inconstitucionales”.

Y con las leyes del poder popular, agrega el investigador del Cendes, se instauró una relación de la población con un poder presidencial autocrático y personalista: “Se tiende a la eliminación del voto directo, universal y secreto, como sucedió con las juntas parroquiales, y se busca sustituir la propiedad privada por la comunal”.

Ambos expertos identifican tres grandes urgencias legislativas para devolverle competencias y recursos a los estados y municipios. En ese sentido, se debe despartidizar y desideologizar al Consejo Federal de Gobierno. En segundo lugar, se debe saldar la mora de 16 años en la sanción y promulgación de la Ley de Hacienda Pública Estadal. “Sin recursos en la provincia es imposible desarrollar un gobierno cercano a los ciudadanos que les resuelva los problemas”, acota Mascareño.  Y, por último, es necesario fortalecer la autonomía municipal a través de la reforma de las leyes del Régimen del Poder Municipal y de los Consejos Locales de Planificación Pública.

Mascareño identifica un desafío adicional que implica una perspectiva a largo plazo: “No basta que una nueva Asamblea Nacional recupere las bases jurídicas de la descentralización. En 2016 habrá elecciones de gobernadores y en 2017 de alcaldes. Es necesario que los nuevos mandatarios regionales y locales, junto con la gente, tengan la suficiente voluntad política para defender las leyes saneadas para elevar la calidad de vida de todos los venezolanos, sin sectarismos”. Esta es una ventana dentro de otra ventana.

 
ONG proponen agenda al nuevo Parlamento

Maolis Castro

Las ONG Un Estado de Derecho y Monitor legislativo establecieron una serie de compromisos que deben abordar los diputados que serán electos el 6 de diciembre. La agenda se centra en hacer contrapeso al poder y resolver entuertos legislativos que han contribuido a la desmejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Estos son los cinco aspectos que consideran fundamentales

 
1. Disolver el monopolio ineficiente de los servicios

En Chacao el suministro de agua potable no es continuo. Hay sectores del municipio capitalino donde solo se presta el servicio tres veces a la semana. “Durante el día no hay agua, solamente en la noche reestablecen el servicio. Tampoco los fines de semana se presta con regularidad”, dice María Eugenia Ginés, vecina de Bello Campo.

Con la aprobación de la Ley Orgánica para la Prestación y el Control de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, publicada en Gaceta Oficial número 5568 de fecha 31 de diciembre de 2001, se despojó de esta competencia a los municipios. La centralización del servicio ha conllevado a trabas en su administración. El 31 de octubre de 2014, el Tribunal 19 del Área Metropolitana de Caracas admitió una demanda contra Hidrocapital, presentada por el alcalde Ramón Muchacho y el Concejo Municipal de Chacao, por fallas en la prestación del servicio; pero aún no han obtenido respuestas.

No es solo Chacao. En municipios como El Hatillo y Baruta también se presentan fallas derivadas de la centralización del servicio de agua, pues constantemente deben esperar que Hidrocapital repare las fallas.

Pero el agua no es el único servicio monopolizado por el Ejecutivo nacional. Los municipios tampoco cuentan con competencias en la administración de la energía eléctrica desde que fue aprobada la Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico, publicada en Gaceta Oficial número 38736, el 31 de julio de 2007. Según el informe de Un Estado de Derecho, existen, al menos, tres artículos de esta normativa deberían derogarse para mejorar el suministro de luz en el país. Destaca el artículo 8 que señala: “El Estado, de acuerdo a la competencia que le establece la Constitución, por razones de seguridad, defensa, estrategia y soberanía nacional, se reserva las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, a través del operador y prestador del servicio; así como la actividad de despacho del sistema eléctrico”.

Con este artículo se establece el monopolio del Estado sobre la generación y suministro de energía eléctrica. “Los problemas de alumbrado eléctrico en calles y carreteras en todos los municipios del país, así como averías y fallas en los sistemas de transmisión podrían ser atendidos por las alcaldías con la urgencia y la celeridad que exija cada caso concreto”, agrega el informe.

2. Soltar las amarras de la seguridad ciudadana

La Policía de Baruta se mostró indefensa el pasado 27 de septiembre. Ese domingo, en la madrugada, seis agentes y cuatro civiles resultaron heridos por el impacto de dos granadas lanzadas por un grupo de delincuentes entre El Rosal y Las Mercedes. “Es una situación a la que están expuestos los cuerpos policiales municipales y estadales del país, al haber sido limitados a utilizar solo pistolas 9 milímetros y una escopeta calibre 12 por cada 10 funcionarios cuando se aprobó la resolución 17.350, publicada en Gaceta Oficial número 39627 de fecha 13 de febrero de 2011, emanada del Ministerio de la Defensa”, explica el abogado Luis Izquiel, experto en seguridad ciudadana.

Para la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la asociación Control Ciudadano, es obligación del nuevo parlamento devolver competencias a los municipios e incrementar el presupuesto a los cuerpos policiales autónomos: “La llave maestra para mejorar la seguridad ciudadana es la descentralización. Esto fortalecería su desempeño, al darle mayor autonomía y agilizar sus funciones”.

El artículo 332 de la Constitución establece que la función de los órganos de seguridad ciudadana es una competencia concurrente con los estados y municipios, sin embargo actualmente 235 municipios en Venezuela carecen de policía propia y tienen un déficit de 60.000 funcionarios. Según la especialista, hay normativas aprobadas por la Asamblea Nacional que restringieron la posibilidad a los cuerpos policiales municipales de ofrecer mayor seguridad a la ciudadanía. Señala a la Ley Orgánica del Servicio Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana como una de las responsables de entorpecer el funcionamiento de los grupos de seguridad. “Esta norma solamente quitó competencias en materia policial a los municipios, al subordinarlos a las órdenes del Ejecutivo nacional”, indicó.

De acuerdo con un informe de Un Estado de Derecho, esta ley tuvo consecuencias graves en la operatividad de las policías municipales. “Tanto en materia organizativa como preventiva, los funcionarios que integran las policías municipales se han visto en la obligación de acatar normas y directrices impuestas por el Poder Nacional, bajo amenaza de sanción disciplinaria en caso de incumplimiento, dándose así el inconveniente supuesto de estar sometidos a dos superiores, el alcalde y el ministro (de Relaciones Interiores, Justicia y Paz) al momento de efectuar operativos, atender una emergencia, practicar arrestos o efectuar patrullajes, siendo al final el alcalde el que pierde toda autoridad ante la policía”, agrega el documento. Los artículos 1, 7, 17 y 42 de esa ley se convierten en amarras al establecer la sujeción al poder nacional de la responsabilidad en materia de policía.

La seguridad ciudadana también es uno de los compromisos que la ONG Monitor Legislativo exige al nuevo parlamento. Entre las propuestas a los diputados está elevar a 10% el porcentaje dentro del presupuesto nacional para el control y prevención del delito, que en la actualidad está en 1%. El grupo de ONG señala otros tres textos legales que se deben someter a revisión: el Código Orgánico Procesal Penal para aumentar los beneficios procesales y disminuir el retardo procesal y disminuir el número de tipificaciones delictivas y disminuir las penas en delitos no violentos para focalizarlo a los delitos violentos que afectan directamente a los individuos y la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo para que cese de ser utilizada como instrumento sancionador de la disidencia política.

3. Luchar contra la corrupción, la opacidad y la impunidad

La plataforma de ONG que integra Monitor Legislativo fijó una serie de compromisos para los nuevos parlamentarios orientados a una de las funciones vitales de la instancia legislativa: el control del poder. Entre las reformas que plantean están la de la Ley Contra la Corrupción para incluir exigencias de las Convenciones contra la Corrupción, entre ellos: delitos y sanciones contra nepotismo; obligatoriedad de publicación de declaración de patrimonio y de intereses y sanciones por incumplimiento. La plataforma también señala la necesidad de que se aprueben los proyectos de ley de Acceso a la Información Pública, basado en la ley modelo de OEA; de Rendición de Cuentas y de Protección de Denunciantes.

La ONG Espacio Público, que forma parte de la coalición, también señala una serie de reformas legales pertinentes para fortalecer la libertad de expresión: La Ley Resorte (Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos) y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones deben ajustarse a criterios cónsonos con la libertad de expresión y debe garantizarse la autonomía e independencia de Conatel como ente rector. Además, del Código Orgánico Procesal Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar se deben eliminar los delitos que penalizan las ofensas a los funcionarios públicos y en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación para reducir las zonas de seguridad en las cuales se prohíbe la realización de manifestaciones públicas y adecuarla a los criterios de libertad de expresión y libertad de reunión pacífica.

Otros tres asuntos requieren de leyes nuevas: la prohibición del uso de armas de fuego y gases tóxicos en el control de manifestaciones públicas, la regulación de los medios públicos, y la regulación de las transmisiones oficiales en radio y televisión.

4. Autocontrol dentro de la Asamblea Nacional

La Asamblea saliente comenzó su período con un reglamento hecho a la medida de la circunstancia política, en la que la oposición logró obtener una buena tajada de las curules. Las reglas actuales dentro del Parlamento someten a un cuerpo de debate a la discrecionalidad del presidente. Monitor Legislativo señala que es necesario reformar el Reglamento de Interior y Debates para, entre otras cosas, eliminar la dependencia de la discrecionalidad del presidente de la AN del acceso al apoyo técnico al que tienen derecho los diputados de todas las tendencias políticas; eliminar la actual prerrogativa de quien ejerza la mayoría en la AN de designar y reservarse para sí las Presidencias y Vicepresidencias de las Comisiones permanentes; eliminar la potestad del presidente de la AN de condicionar el derecho de palabra de los diputados; incorporar un procedimiento para la revisión y revocatoria de actos parlamentarios, con mayorías ajustadas a la Constitución; establecer límites materiales y temporales a la aprobación y otorgamiento de la Ley Habilitante al presidente de la República, y revisar y revocar donde proceda las designaciones inconstitucionales de noviembre de 2014 de los Poderes Ciudadano, Judicial y Electoral, y efectuar nuevas designaciones.

5. Apuntalar los dudosos cimientos de la Misión Vivienda

Con la aprobación de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional de la Ley Habilitante a finales de 2010 se facultó al presidente Hugo Chávez para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley, en función de atender la emergencia habitacional ocasionada por las lluvias. Hoy, muchas de las obras producto de esos decretos son cuestionadas por expertos. Ciudad Caribia, en el estado Vargas, y las edificaciones de la avenida Libertador, en Caracas, son algunos ejemplos. Estos complejos fueron construidos sin el consentimiento del Colegio Ingenieros de Venezuela por violar la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la Ley Orgánica del Ambiente, normas sanitarias y los códigos de construcción, control e inspección de la calidad de las obras y las ordenanzas municipales. “El balance de este programa habitacional es muy dramático. La mayoría de las acciones están contra los criterios universales de modernización y gestión de la vivienda. La idea es que se construyeran viviendas de calidad, que no violaran las ordenanzas municipales de zonificación”, indica el arquitecto Leopoldo Provenzali.

El informe de Un Estado de Derecho señala que las leyes municipales (denominadas “ordenanzas”) fueron violadas por el Poder Nacional mediante Decretos-Ley que regulan la ocupación de terrenos con fines de vivienda, de la política pública “Gran Misión Vivienda” y de decretos de “expropiación”. Este documento agrega que el Ejecutivo nacional, mediante la legislación vigente en esta materia, ha planteado un “falso dilema entre la construcción de soluciones habitacionales para personas sin vivienda propia y el respeto a la legalidad municipal urbanística y la protección de los derechos a la vida, integridad y acceso a servicios públicos de calidad de las personas, que corresponde a la próxima Asamblea Nacional resolver y superar”. Para el abogado Armando Rodríguez es prácticamente irreversible el daño hecho por la violación de las ordenanzas municipales. “La posibilidad que tiene la próxima Asamblea Nacional es abrir investigaciones acerca de la violación de las normativas de construcción de viviendas”, explicó.

El margen de maniobra según la mayoría parlamentaria

Toda ley que emana desde la Asamblea Nacional debe contar con la promulgación del Ejecutivo y, en caso de leyes orgánicas, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, la Constitución prevé que si el Ejecutivo no firma la ley en un lapso establecido, la ley puede ser promulgada por la junta directiva de la AN. Si la AN promulga la ley con un TSJ adverso, el Parlamento podría enfrentarse a una deslegitimación desde el punto de vista jurídico. Es decir, podría promulgar leyes que el Ejecutivo engavete y que luego el TSJ califique de inconstitucionales e inaplicables. Sin embargo, de acuerdo con la carta magna y el Reglamento de Interior y Debates de la AN, la mayoría simple permite:

84 diputados, la mitad más 1

-Frenar la designación de embajadores, del procurador general, y rechazar la firma de convenios internacionales de la República.

-Aprobar propuestas de enmienda de la Constitución presentadas por 30% de los diputados.

-Atribuir competencias a municipios y estados.

-Aprobar la realización de referendos consultivos sobre distintas materias de trascendencia nacional.

-Ejercer la contraloría a través de interpelaciones, investigaciones y otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento.

-Autorizar los viajes del jefe del Estado al extranjero que duren más cinco días y declarar su falta absoluta o abandono del cargo.

-Aprobar la incapacidad física o mental permanente del Presidente, certificada por una junta médica designada por el TSJ

-Autorizar el enjuiciamiento del Presidente por parte del TSJ

-Remover a los integrantes del Poder Ciudadano, previo pronunciamiento del TSJ.

-Aprobar el presupuesto de la nación.

-Aprobar informes de sanción política emitidos por el parlamento.

-Autorizar o rechazar las peticiones de crédito adicional.

-Aprobar las líneas generales del plan de la nación.

-Autorizar el empleo de misiones militares en el exterior

-Acordar honores al Panteón nacional.

-Acordar iniciativa de reforma constitucional.

-Aprobar la conformación de la junta directiva.

-Aprobar sesionar fuera del hemiciclo.

-Revocar las decisiones del presidente de la Asamblea.

-Declarar privada o secreta una sesión.

-Modificar el orden del día.

-Aprobar o incorporar modificaciones del programa legislativo anual presentado por el presidente del Parlamento.

-Acordar que la votación sobre un asunto determinado se haga en secreto.

-Aprobar, rechazar o diferir la discusión de leyes no orgánicas, códigos, leyes aprobatorias y proyectos de acuerdo.

-Reformar el Reglamento Interior y de Debates, entre otras decisiones.

100 diputados, los tres quintos

-Aprobar leyes habilitantes al Ejecutivo nacional.

-Se requiere el apoyo de las tres quintas partes, pero de los presentes, para revocar alguna decisión o acto parlamentario (Art. 132 del Reglamento de la AN).

-Puede aprobar el voto de censura contra el vicepresidente y los ministros del Ejecutivo, lo cual implica su destitución. En el caso del vicepresidente, luego de tres vetos, el jefe de Estado puede disolver al Parlamento, pues el artículo 240 de la Constitución establece que: “La remoción del Vicepresidente en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al Presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional”, lo que implica la convocatoria a elecciones en 60 días.

-Aprobar mociones de censura a los ministros lo cual implicará  la remoción de sus cargos.

-Remover a los integrantes del CNE, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia.

111 diputados, los dos tercios

-Aprobar o reformar leyes orgánicas, es decir, los instrumentos que organizan al resto de los poderes públicos, los que desarrollan derechos humanos, políticos, económicos, sociales, ambientales y los que sirven de marco normativo a otras leyes. (Art. 203 de la Constitución).

-Designar o remover a los magistrados del TSJ, a los rectores del CNE y a los integrantes del Poder Ciudadano, es decir, fiscal, contralor y defensor del pueblo (Art. 265, 279 y 296 de la Constitución). Pero, para remover a los magistrados del TSJ, se requiere que la falta grave del magistrado haya sido previamente calificada por el Poder Ciudadano. 25 de los 32 han sido renovados luego de hacer jubilaciones anticipadas entre 2014 y 2015. El resto, designado en 2010, se jubilará en 2022.

-Crear o suprimir comisiones permanentes de la Asamblea Nacional.

-Aprobar la interpelación o comparecencia de un funcionario a puerta cerrada.

-Acordar la separación temporal de un diputado o diputada, aunque en la actual legislatura se hizo por mayoría simple.

-Convocar a una Asamblea Constituyente y aprobar proyecto de reforma constitucional.

-Someter a referendo convenios, acuerdos y tratados internacionales que pudiesen comprometer la soberanía.

Fuente: EN

Edgar López