El país y sus instituciones han sido destruidos progresivamente. La política de los líderes de los poderes públicos es mentir; hacer que la falacia sea un comportamiento habitual es la orden. Esa conducta lleva a la ruina al Estado y fomenta la corrupción de la élite gobernante, a la vez que siembra la miseria y descomposición social y moral.
Observamos cómo los jerarcas del régimen, ante la incapacidad para justificar sus errores (la sustracción del dinero público, el empobrecimiento y la violación de los derechos humanos), aplican la política del ladrón que huye con la cartera o el bolso de su víctima y grita: “Atrapen al ladrón”, con el fin de que quiten los ojos de él.
Todos los días, el presidente de la República y el de la Asamblea Nacional se dedican a denostar, injuriar y difamar a quien se le antoje, sin la más mínima prueba. Ejemplo de ello es la imputación que le hizo Maduro a este diario y a su editor, Miguel Henrique Otero, vinculándolo con paramilitares. Olvida que ya no existen estos forajidos porque el ex presidente colombiano Álvaro Uribe los extraditó a Estados Unidos y, con el capo Mancuso a la cabeza, purgan prisión en las cárceles del norte.
Al contrario, el gobierno exige que no se publique nada que tenga que ver con ellos, porque inmediatamente instruyen a “su Poder Judicial”, para que abra proceso contra sus enemigos y que, sin oírlos, se les dicten medidas cautelares. Y olvídense de los recursos que ejerzan sus abogados porque no tendrán éxito.
La manera chavista de hacer política es enlodando la reputación de las personas honestas que no apadrinan los abusos y la destrucción del país. En este sentido, han llevado a prisión a decenas de estudiantes, twitteros, políticos y cuantos se atrevan a disentir.
A Leopoldo López le endilgan desde Miraflores o desde la televisión oficial cualquier cantidad de epítetos, hasta llamarlo el monstruo de Ramo Verde. Por su parte, la Fiscalía General ha convertido en un estilo de actuación en el ejercicio de la judicialización de los enemigos políticos publicar su propia versión de lo que sucede en las audiencias del juicio oral y “público” que se sigue a Leopoldo, distorsionando todo cuanto allí acontece.
El día miércoles 22 se celebró una audiencia más en ese proceso y el abogado Rafael Quiñones, haciendo uso de las técnicas y de los instrumentos legales que le concede el ordenamiento jurídico, interrogó a una dama que fue presentada como testigo. Posteriormente, el Ministerio Público emitió una nota de prensa en la que afirma falazmente que “los abogados de Leopoldo López habían promovido una testigo” y que durante el interrogatorio “le dieron un trato indigno e irrespetuoso”, siendo ello falso, como lo prueba la grabación hecha en el tribunal.
Una de las virtudes que debe tener un funcionario es que su conducta sea hablar con la verdad; mentir tiene que ser una causal de destitución. La verdad debe ser el norte en el ejercicio de la función pública y tienen que asumirla.
Editorial de El Nacional
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