Cuando todo el mundo estaba pendiente de la supuesta pelea electoral entre Kid Nicolás y el sargento Henri Falcón, desde el imperio lanzan una bomba que, por inesperada, cambia el terreno de juego e introduce nuevos elementos dentro de la política no solo electoral sino nacional. Se trata de la sanción que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó ayer contra “el poderoso dirigente Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela”, según un despacho de la agencia AFP.
Esta vez la noticia no puede ser atribuida a un periódico, a un portal de la web, a un rumor o, como se ha dicho y repetido, a una maniobra de los enemigos del capitán Cabello en el exterior. Ha sido el Departamento del Tesoro, a través de un comunicado especial, el que ha informado sobre este espinoso caso que ya lleva años en tribunales nacionales e internacionales.
El capitán Cabello ha ejercido su derecho a la defensa en instancias superiores en diferentes tribunales de Nueva York, pero la justicia ha sido implacable. En todas las demandas y apelaciones (costosísimas por cierto y cuyos costes deben ser cancelados en dólares) el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela ha salido con las tablas en la cabeza.
No está de más recordar que esas demandas han sido usadas, en el momento de ser introducidas en Nueva York, para apalancar los juicios que contra medios de prensa y sitios web se están llevando en Venezuela y que, al mejor estilo dictatorial, desestima los derechos de los acusados a defenderse ante un juez que se niega, atemorizado por las consecuencias que pudiera acarrearle a su carrera judicial, el hecho de darle inicio y continuidad a las audiencias que desde hace tres años atrás están esperando los abogados defensores.
Pero en aquellos tribunales donde el terror no hace mella a la impartición de la justicia, como es el caso de los jueces de Nueva York, el capitán Cabello ha tenido que aceptar que sus querellas carecen de validez y no precisamente por razones políticas.
Basta con recordar el caso de los sobrinos de la pareja presidencial, la familia Maduro Flores, en cuyo transcurso los defensores hicieron uso de todas las prerrogativas que son propias e irrenunciables de los acusados en un juicio que, en todo momento, debe ser transparente. El juez esperó pacientemente a que el jurado deliberara y declarara culpable a los jóvenes Flores, incluso más allá de toda duda razonable.
En el caso del capitán Cabello también predominó la serenidad, la robustez y la calidad de los argumentos de los abogados de periódicos tan importantes como The Wall Street Journal y The New York Times. Pero aquí en Venezuela nada de eso tiene validez porque la ley está del lado de los acusadores y más si son de la altísima camarilla del poder.
Lo fundamental de todo esto es que hoy es internacionalmente público que el Departamento del Tesoro ha señalado al capitán Cabello de “participar en diversas actividades de corrupción, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero y apropiación de fondos públicos”. Y además señala a tres allegados del capitán, “con los que habría formado una red de corrupción: su hermano José David, su esposa Marleny Contreras y el empresario Rafael Alfredo Sarria.
Editorial de El Nacional
