Los maduristas rojo rojitos (perdón, nos olvidamos de que Rafael Ramírez ya no se habla con Nicolás) decidieron crear una asamblea constituyente “hecha a la medida” para utilizarla, a no dudarlo, como un arma para cometer una serie de arbitrariedades que le estaban prohibidas por “la mejor Constitución del mundo” que, para desgracia de Hugo Chávez, contenía en su seno demasiados errores y lagunas legales.

De manera que el señor Maduro se vio en la “desagradable” obligación de reformarla por la vía exprés, valga decir como alma que lleva el diablo. Lo cierto es que reunió a sus allegados y les dio a conocer sus planes con la recomendación de que actuaran sin pararse en mientes, como el mismo afán y empuje de los tanques rusos al invadir Checoslovaquia. Así, por la vía rápida, quedó conformado el sanedrín oficial en cuyas manos quedaba la bolivariana labor de zurcir los huecos constituyentes.

Entre sus primeras aspiraciones estaba la de calmar el encrespado clima político que inquietaba a Miraflores. ¿Por qué no redactar una ley que prohibiera el odio, que lo castigara en toda su extensión, incluso desde el hecho más pequeño hasta el más descomunal? En sus inicios la idea no provocó mayores aplausos y, más bien, levantó suspicacias entre los constituyentes. Algunos se preguntaban con extrañeza: ¿Es que acaso olvidamos que nosotros encarnamos el odio puro y duro, la esencia del rechazo al otro que piensa distinto?

De inmediato un envalentonado constituyente dio su opinión: “Por eso mismo debemos aprobar esa ley que le atribuya a la oposición el derecho exclusivo de uso, único y monopólico, de la distribución del odio a lo largo y ancho del país. Que nadie le discuta ese privilegio a los golpistas de la ultraderecha”. Una avalancha de votos dio a entender que no existía la menor posibilidad de rechazo por parte de la asamblea.

Desde luego que a los sectores opositores y también a los independientes, que los hay aunque nos parezca raro, no se les escapó el hecho, por demás evidente, de que no hay más que un paso del odio a la violencia y la represión contra “el enemigo”, como bien lo mientan los militares, aquí y en todas partes donde pueda ocurrir un enfrentamiento armado.

Poco tardó en ocurrir lo que a todos nos preocupara, conociendo la naturaleza violenta del madurismo ya sea en las calles, en las instituciones y en cualquier instancia del poder. Esta semana salió publicada en la prensa nacional el hecho, por demás preocupante, de que un juez le había aplicado a dos presuntos opositores la ya famosa Ley contra el odio, confirmando de esa manera que la esencia de esa norma es netamente represiva.

En un despacho, fechado en Caracas, de la agencia española Efe se recogen los pormenores del hecho, sin veneno de ninguna clase y propósito, muy al contrario de lo que afirma en televisión el señor Nicolás Maduro en el sentido de que las agencias de noticias están en “campaña mundial” contra su régimen.

La agencia Efe dice simplemente que los ciudadanos Érika Palacios y Ronald Sevilla fueron declarados culpables de delitos castigados por la Ley constitucional contra el odio. Más claro ni el agua.

Editorial de El Nacional