El expresidente, que reside desde hace casi un año y medio en Bruselas, tiene pendiente desde julio una orden de prisión preventiva por un caso considerado por la fiscalía como crimen de Estado

La Corte Nacional de Ecuador considera que tiene elementos suficientes para acusar al expresidente Rafael Correa del secuestro de un exasambleísta en 2012. La juez Daniella Camacho ha decidido este miércoles llamar a juicio al exmandatario y a los policías que ejecutaron la orden de secuestrar al político de la oposición Fernando Balda, que posteriormente fue liberado. Desde un principio, el caso fue considerado por la fiscalía como un crimen de Estado al haberse utilizado dinero público para cometer el delito. En cambio, Correa, que reside desde hace casi un año y medio en Bruselas,  siempre ha defendido ser víctima de persecución política y ha montado una campaña paralela para desacreditar la decisión judicial.

El conocido como caso Balda, por el nombre del legislador secuestrado, es la primera acusación que enfrenta el exmandatario ecuatoriano, aunque tiene otras causas abiertas en fase de investigación. Pese al llamamiento oficial, Correa no irá a juicio, ya que la normativa penal ecuatoriana no permite, salvo excepciones, que el proceso judicial avance en ausencia del acusado. Al tratarse de un delito de secuestro, el juicio quedará suspendido para Correa a menos que se entregue voluntariamente o sea detenido. El Código Penal castiga este tipo de delito con penas de cárcel de entre cinco y siete años.

La Corte Nacional dictó en julio una orden de prisión preventiva, que el expresidente se negó a cumplir, refugiándose en el país comunitario, donde reside desde que dejó la presidencia. También se solicitó la detención internacional a Interpol, pero el organismo policial aún no ha informado si aprueba o rechaza la petición de la justicia ecuatoriana.

Antes de conocer la decisión de la Corte y de irse “a dormir” —la acusación se concretó pasada la medianoche en Europa debido a la diferencia horaria con Ecuador—, Correa publicó un último mensaje en el que insistía en la teoría del montaje: “El caso Balda es una farsa y todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas. No se preocupen por mí, preocúpense por la patria”.

El proceso judicial sí continuará contra los dos policías implicados: los agentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza. Están en prisión preventiva y, tras declarar en contra de Correa, fueron incluidos en el programa de protección de testigos. El otro implicado que fue llamado a juicio, el jefe del servicio de Inteligencia durante el Gobierno correísta, Pablo Romero, tampoco podrá ser juzgado, ya que fue detenido y después liberado en junio en España.

Según la investigación, la implicación de Correa en el intento de rapto de Balda se justifica en que el expresidente estaba en la cúspide de una cadena de mando que ordenó secuestrar al político de la oposición —que se encontraba en Bogotá— hace seis años, utilizando dinero público como pago. Balda había sido previamente condenado por calumnias contra el exmandatario ecuatoriano y estaba prófugo de la justicia en Colombia.

La juez Daniella Camacho tomó en cuenta, para hacer el llamamiento a juicio, las declaraciones de los policías procesados, que aseguraban haber seguido órdenes del jefe de Inteligencia para contratar el secuestro en suelo colombiano con dinero público y que este obedecía al entonces presidente de Ecuador.

Fernando Balda, acusador particular, anunció a la salida de la audiencia que presentará una nueva denuncia contra Correa por peculado —malversación de fondos públicos— al haberse utilizado recursos del Estado para perpetrar su secuestro. “Es un momento muy emotivo después del sufrimiento que hemos vivido muchos años que hoy, al fin, el poder político, las mafias que han gobernado el país no hayan podido tener injerencia en la decisión judicial”, declaró tras conocer que Correa pasaba formalmente a ser acusado.

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