La Justicia argentina procesa a Cristina Kirchner por los cuadernos de la corrupción

El juez Claudio Bonadio pide prisión preventiva contra la expresidenta, acusada de haber recibido sobornos de empresarios de obra pública

La causa de los cuadernos de la corrupción llevaría a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a la cárcel de no ser senadora y tener inmunidad. Un juez procesó hoy con prisión preventiva a la exmandataria, acusada de encabezar una asociación ilícita que tenía como objetivo recaudar millonarios sobornos de empresarios de obras públicas. El juez Claudio Bonadio la acusó también de haber cometido los delitos de cohecho pasivo y dádivas en reiteradas ocasiones.

La detención de Fernández de Kirchner sólo será posible si dos tercios de los senadores aprueban su desafuero, una posibilidad que hoy parece lejana. La coalición gobernante Cambiemos está en minoría en la Cámara Alta y el jefe del peronismo federal, Miguel Ángel Pichetto, ha descartado hasta ahora esa posibilidad.

En su resolución, el juez Claudio Bonadio consideró la existencia de «una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y del Ministerio de Planificación [encabezado por Julio de Vido], actuó entre los años 2003 y 2015».

Además fueron procesados también una treintena de exfuncionarios y empresarios vinculados a la obra pública. Entre ellos están Angelo Calcaterra, primo del actual presidente argentino, Mauricio Macri, que declaró haber hecho bajo presión pagos ilegales para financiar las campañas electorales kirchneristas; Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Luis Betnaza, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona. Bonadio procesó también al exsecretario de Obras Públicas José López y al extitular del órgano de control de concesiones viales Claudio Uberti. Muchos declararon como arrepentidos, pero la ley prevé beneficios judiciales para ellos a partir de la etapa de juicio siempre que el tribunal considere que sus aportes fueron relevantes para la investigación.

El escándalo estalló a principios de agosto a partir de las minuciosas anotaciones en ocho cuadernos de Oscar Centeno, chófer de Roberto Baratta, el hombre fuerte de De Vido. Desde entonces, varios empresarios y exfuncionarios han declarado como imputados «arrepentidos» -figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia- y han reconocido la existencia de los sobornos y la supuesta implicación de los Kirchner.

Bonadio cree que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares y que fueron trasladados después, «en la mayoría de las oportunidades», en vehículos conducidos por Centeno.

«A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios», que «finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita»: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido, agregó.

EL PAÍS

MAR CENTENERA