La Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Metropolitana de Caracas, ha fijado posición, mediante un comunicado, sobre la decisión del CNE de suspender temporalmente el proceso de recolección de firmas conducentes a la activación del constitucional Referendo Revocatorio presidencial.

La Junta Directiva de la APUM, a las Comunidades Universitarias

La vida universitaria sólo adquiere pleno sentido en una sociedad libre y democrática. Aunque la academia no es equiparable con la esfera de deliberación pública, en el sentido progresivo de las libertades humanas sólo las sociedades que han alcanzado un grado de apertura y civilidad alto han logrado que sus centros de educación superior alcancen su mayor capacidad creadora y relevancia.

En ese sentido, debemos manifestar nuestro rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender el proceso de recolección de firmas conducentes a la solicitud constitucional de revocatoria del mandato al Presidente de la República. Esta decisión, cuya motivación efectiva son las sentencias de varios tribunales penales estadales expresadas con banal malignidad, no sólo es jurídicamente incorrecta, sino que es políticamente grave.

Con ella nos encontramos en el momento más bajo de la deriva oficial al autoritarismo. Pero no fue el día de ayer que este proceso se inició, y lamentablemente tampoco será el último si no existe un decidido rechazo social a dicha decisión.

Hay quienes discutirían que se puede vivir bajo un autoritarismo, si este es económica y socialmente eficaz. Pero tal razonamiento es una apuesta malvada para vivir en tiempo prestado: no sólo porque nuestro autoritarismo no es ni económica ni socialmente eficaz, sino que -aunque lo fuese- la eficacia política de su dominio termina por corromper toda pretensión social legítima.

Y esto afecta la realidad universitaria. Basta con ver la realidad circundante: las Universidades nacionales y sus gremios son ignorados; sus laboratorios y centros de investigación están casi destruidos; sus espacios son hostigados por el hampa y los grupos de represión paraestatal; la libertad en sus aulas se hace ineficaz cuando se les permite morir de mengua intelectual, física y moral. La realidad en las Universidades de gestión privada, de las que somos líderes y pioneros, es igualmente afligida: en nuestras comunidades azota el desasosiego, se agudiza el declive material, la emigración forzosa de jóvenes profesores e investigadores, el empobrecimiento de nuestros trabajadores a todo nivel, la angustia vital de nuestros estudiantes, y el resentimiento creciente entre todos por las tensiones así creadas.

Todas las medidas que tomemos, generosa y audazmente, para enfrentar estos fenómenos, se quedan cortas ante la grave crisis nacional, la cual se profundiza cada día por decisión autoritaria del gobierno. Es éste el gran obstáculo para el inicio de lo que será un proceso lento y sostenido de reconstrucción. Y por ello, lo terriblemente significativo de la decisión del Estado el día de ayer, intentando acallar el justo clamor social de cambio.

Las Universidades no son partidos políticos, pero sí han de tomar partido por la única circunstancia que les da sentido: la lucha por una sociedad libre y democrática. Ante ella, debemos ser todos solidarios.

Conminamos entonces a la manifestación de todas las instancias, y a trascender nuestra posición política personal para apoyar los reclamos constitucionales y firmes que como sociedad debemos realizar.

La vida universitaria, y la vida misma, se nos va en ello.