Los hechos relacionados con Citgo son fundamentales para el país. No solo por la trascendencia económica de sus operaciones, sino también porque lo que suceda con sus operaciones incumbe a la soberanía de la nación. De allí la necesidad de alertar sobre los delicados asuntos que hoy no solo ponen en riesgo su desenvolvimiento como empresa en el área esencial de los hidrocarburos, sino también en relación con la autoridad a la cual corresponde la toma de decisiones en su seno.

Se sabe que las arbitrariedades de la «revolución» han terminado en juicios desafortunados para los intereses de la empresa. Procesos llevados a cabo en un tribunal de Estados Unidos han desembocado en sentencias que obligan a la empresa a cancelar sumas multimillonarias que ponen en riesgo el control de las operaciones debido a la imposibilidad de atender satisfactoriamente a un acreedor burlado que ha hecho valer sus derechos, y que puede tomar posesión de los domicilios y los bienes materiales que puedan resarcirlo.

Es un desenlace que se debe atribuir a los irresponsables manejos de la dictadura que pretendía desconocer sus obligaciones con capitalistas extranjeros y que ha topado con una justicia independiente, es decir con jueces y jurados que no puede manipular. Pero el gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó, no ha manejado el asunto con la seriedad que corresponde, peligrosa situación que también incumbe a la Asamblea Nacional que ha visto la evolución de los sucesos sin tomar las previsiones convenientes.

Entre las circunstancias descuidadas por el presidente Guaidó y por los representantes del pueblo destaca, según los críticos más enterados, la apresurada designación de la junta directiva de Citgo, sin respetar los pasos de rigor, y la poca atención de las comisiones correspondientes del Parlamento a los pasos del juicio seguido a la empresa en el tribunal estadounidense. Así mismo, la debatida participación en el caso del procurador general de la República designado por el presidente  encargado.

La participación del procurador ha sido objeto de controversias que requieren urgente aclaración, no solo por la importancia de Citgo para la soberanía y para la economía de la nación sino también para resguardar la credibilidad de la administración de Guaidó y la reputación de quienes lo designaron para el cargo. Seguramente se disiparán las dudas y habrá pronto meridiana claridad, pero es importante que sea pronto. No queremos sembrar sospechas, sino todo lo contrario, en beneficio de los intereses nacionales y del lugar que merecen, sin vacilación, las figuras de una oposición que no se puede dar el lujo de tener la compañía de las sombras.

Editorial de El Nacional