La defensa del concejal venezolano Fernando Albán, quien murió bajo custodia del Estado en octubre pasado, denunció hoy nuevas irregularidades en el caso tras señalar que existen dos actas de defunción firmadas por personas diferentes, una de ellas con un nombre no coincide con el documento de identidad.

«Existen dos certificados de defunción, la discrepancia es que el primero señala que la muerte fue por un golpe en el cráneo, el segundo señala que fue por un golpe en la cara, facial. Es decir o el golpe fue en la parte posterior de la cara, o en la parte frontal», dijo en rueda de prensa el abogado Ramón Aguilar.

El jurista indicó además que las actas de defunción fueron firmadas por «distintos médicos», uno de ellos «un médico comunitario sin las credenciales, la autoridad y la experticia para ser patólogo» y el otro por un «médico con una cédula de identidad que corresponde a otra persona».

Las declaraciones de Aguilar ocurrieron frente al Ministerio Público en Caracas donde introdujo una recusación contra el titular de esta institución, Tarek William Saab, por haber «calificado» en opinión «previa», como «suicidio» la muerte de Albán.

Según Saab, Albán se suicidó al lanzarse desde el décimo piso del edificio policial del Servicio de Inteligencia (Sebin), donde se encontraba detenido por supuestamente estar implicado en el atentado al presidente Nicolás Maduro ocurrido en agosto pasado.

Esta versión ha sido rotundamente rechazada por la oposición que la califica de asesinato y hoy el abogado del concejal insistió en que su muerte pareciera obedecer «a la tortura y al homicidio y ejecución extrajudicial».

En el documento que introdujo el abogado también se dejó constancia de «todas las irregularidades del proceso, comenzando por el simple hecho de que el cadáver nunca fue levantado como dicta el Código Procesal Penal» y que no existen fotografías del mismo, «solo una en una camilla».

Aguilar añadió que en las declaraciones que ofrecieron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (Cicpc) hay contradicciones, pues, según dijo, algunos señalan que Albán se encontraba esposado, pero que el cuerpo «apareció sin esposas».

La defensa también solicitó «la aplicación formal del protocolo de Minesota y del protocolo de Estambul pues ambos instrumentos declaran o definen lo que es una muerte potencialmente ilícita que es aquella donde ha perecido una persona en custodia del Estado, es aquella donde ha perecido un conocido opositor político».

Los abogados tienen previsto acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) para llevar el caso en el que señalan como responsable al Estado y a todos los «implicados» «desde el director del Sebin hasta los jueces y fiscales».

A mediados de noviembre el también abogado Joel García denunció que en una parte del expediente del concejal figura la palabra «homicidio» como causa de muerte, razón por la que insistió en que el opositor no se suicidó como dijo la Fiscalía.

EFE