Una duda razonable recorre la opinión continental en cuanto a la invocación de la Carta Democrática para tratar el caso de Venezuela. ¿Hasta qué punto los gobiernos están dispuestos a asumir hasta sus últimas consecuencias un paso tan necesario pero a la vez firme y drástico, de suspender temporalmente a un estado miembro de la Organización de Estados Americanos?

No es poca cosa lograr que coincidan, con fuerza y vigor, las intenciones y las voluntades a la hora de respaldar con la mayoría necesaria la petición formulada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a través de un documento en extremo cuidadoso, meditado y basado en gravísimos hechos públicos que son del conocimiento común.

A este comportamiento irregular, ofensivo y alejado de las leyes que rigen el rumbo de las naciones y desprecian las normas democráticas que nos permiten una vida en común como sociedades civilizadas, hay que agregarle la destrucción de las instituciones, de su respeto y equilibrio entre sí, la violación  permanente del derecho a la vida y el acceso a la justicia y al debido proceso.

Cada día la sociedad venezolana se entera de un nuevo acto monstruoso por la vía despótica del Poder Ejecutivo que desconoce a los otros poderes, encarcela e invalida el voto popular, retiene en cárceles hacinadas e inhóspitas a miles de venezolanos a los cuales no se les juzga jamás o se les condena de antemano mediante un discurso televisivo del propio jefe del Estado.

En este momento y ante el asombro del mundo entero, el gobierno bolivariano de Venezuela retiene a decenas de jóvenes cuyo único delito ha sido protestar pacíficamente en las calles, otros han sido asesinados por los cuerpos policiales o por integrantes de la Guardia Nacional. Campesinos y obreros fueron masacrados (y así lo reconoció el comando militar de la OLP) sin que estuvieran protestando o interrumpiendo la vida normal de sus pueblos. Y no solo eso, se les obligó a cavar sus propias tumbas como bien lo reconocieron los oficiales de esas “misiones de paz”.

El Estado venezolano está moribundo así como el respeto debido a la Carta Magna aprobada por votación popular. El narcotráfico ha penetrado todos los sectores de la vida nacional y ha convertido el tráfico de estupefacientes en una lucrativa actividad para ciertos grupos militares y civiles, como bien lo han denunciado organizaciones de las Naciones Unidas y ONG especializadas en esos temas.

Con el narcotráfico ha llegado una ola criminal que en 20 años ya suma un millón de víctimas por armas de fuego. El secuestro, las desapariciones de ciudadanos y crímenes atroces son hoy parte de una realidad que los venezolanos nunca habíamos sufrido.

El sistema judicial se hunde entre escándalos y vicios sin fin, el sistema de salud ha dejado de funcionar y las escuelas, los liceos y las universidades están en la postración más espantosa. ¿Cómo se puede hablar de democracia si el CNE comenzó robándose los votos y hoy pretende robarse hasta las elecciones?

Con la activación de la Carta Democrática Interamericana se puede acortar este infierno y devolverle la esperanza a un país saqueado por una larga lista de truhanes. Ojalá América piense y actúe con justicia y conciencia.

Editorial de El Nacional