Pobre de una sociedad en la que los organismos de administración de justicia violen los derechos humanos. No hay que buscar con una lupa, ese país es Venezuela en la era chavista, en donde tribunales, jueces, magistrados, fiscales, cuerpos de seguridad, todos trabajan para defender a los que detentan el poder, sin importar las atrocidades que se cometan.

Basta un ejemplo reciente para evidenciar que lo que se afirma no es una simple exageración: el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, demandó penalmente al coordinador legal de la organización no gubernamental Provea, Marino Alvarado, y al padre Alfredo Infante (Centro Gumilla) porque ellos piden que se investigue la presunta vinculación del mandatario regional con 68 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 2018.

Demandar penalmente a un defensor de derechos humanos no es nada nuevo para el gobierno chavista, no se crean que Lacava está descubriendo el agua tibia. Es más, los ocupantes de Miraflores a veces mandan a poner preso de una vez a quien sea, sin que medie actuación legal, como ocurrió con Javier Tarazona, de Fundaredes.

El asunto aquí es que no se puede decir que la Policía de Carabobo es uno de los cuerpos “más letales” en cuanto a ejecuciones extrajudiciales se refiere, como reflejó en su informe Provea. Aunque, como bien lo dice Alvarado, es obligación del sistema de justicia investigar tanto a los autores materiales como a la cadena de mando. En este punto hay que detenerse y recordar que precisamente por este pequeño detalle es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación en el país y está dispuesta a impartir justicia si comprueba que el sistema venezolano no lo hace.

Y aquí hay que enlazar con otro informe titulado “La administración de la justicia penal en Venezuela” de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. “Los venezolanos se encuentran desprotegidos no solo ante la acción de la delincuencia sino del propio Estado, pues las instituciones encargadas de investigar y juzgar cualquier delito no son capaces de realizar dicha labor”, afirman en el documento. La ONG advierte de la poca o nula independencia de los magistrados del TSJ, así como de los jueces, fiscal general y todos los demás organismos del sistema de justicia.

Sobre esto hay demasiadas evidencias. Una de ellas es el hecho de que Lacava recurra a una demanda penal en contra de defensores de derechos humanos que en ningún momento lo están culpando sino que solo piden una investigación, como sería lo correcto. Y mientras esto ocurre, los recursos del Estado se desvían hacia la persecución de los activistas de Provea en vez de someter a la ley a los funcionarios que perpetraron las ejecuciones.

Esta historia lleva más de 20 años, como bien lo dice Acceso a la Justicia. Se trata de un sistema viciado, totalmente inclinado hacia el Poder Ejecutivo y que poco o nada hace para garantizarle al venezolano que los violadores de derechos humanos serán castigados con todo el peso de la ley.

En medio de esta situación una cosa sí ha quedado demostrada y es que los defensores de derechos humanos en el país no tienen miedo. Están dispuestos a sufrir las consecuencias de sus denuncias porque saben que es con ellos y nadie más que en este momento cuentan los venezolanos.

Editorial de El Nacional