En 2012 el Gobierno reconoció que en Venezuela se cometieron 16.072 homicidios, es decir unos 54 por 100 mil habitantes, lo cual colocó al país entre los más violentos y peligrosos del mundo. Estos números preocupan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que denunció que el auge delictivo «resulta en una afectación al goce y disfrute de los Derechos Humanos de los venezolanos».

El señalamiento lo realizó la instancia en su informe de actividades correspondiente a 2013, el cual su presidenta, la comisionada Tracy Robinson, presentó ayer ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA),

Pero el organismo no solo se mostró alarmado por los índices delictivos, los cuales en 2013 crecieron, según le confesó el Gobierno en un escrito que le envió el 20 de diciembre pasado con las observaciones a este reporte, sino también por iniciativas como el Plan Patria Segura, con la cual se pretende revertir la situación.

«El entrenamiento militar no es adecuado para el control de la seguridad interna, por lo que el combate de la violencia en el ámbito interno debe corresponder únicamente a una fuerza policial civil debidamente entrenada que actúe en estricto apego a los Derechos Humanos», afirmó la Comisión, luego de recordar casos como el registrado en Falcón el 8 de julio pasado, en el cual una mujer y su hija perdieron la vida a manos de unos guardias nacionales que les dispararon más de 50 tiros porque los confundieron su vehículo con el de unos criminales que estaban buscando.

El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, anunció el martes que mañana se producirá un nuevo despliegue del Plan Patria Segura, en el cual participan 35 mil uniformados.

En el informe también se objetó los planes del presidente Nicolás Maduro de extender la Milicia para garantizar la paz y la integridad del país. «Los ciudadanos que reciban entrenamiento militar no deben ser incorporados a las estrategias de defensa interna, así como tampoco debe desvirtuarse el rol de la sociedad en relación con la seguridad de la nación», zanjó la CIDH.

Más abusos y menos recursos

La Comisión se hizo eco de las denuncias de distintas organizaciones venezolanas sobre el aumento en el número de ejecuciones cometidas presuntos policías y militares, así como también del repunte en la cantidad de ataques contra periodistas y medios de comunicación social.

Asimismo no desaprovechó la ocasión para cuestionar la decisión venezolana de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«Esta decisión configura un retroceso en la protección de los Derechos Humanos de los habitantes de Venezuela, quienes han perdido una instancia para la protección de sus derechos, y cuentan con menos recursos disponibles para defenderse», alertaron los comisionados, quienes agregaron que la misma representa un golpe contra «los ideales de la integración de los pueblos de las Américas».

En septiembre pasado se materializó la denuncia del llamado Pacto de San José, la cual adoptó un año antes el fallecido presidente Hugo Chávez, obviando que la Constitución, en su artículo 21, le da rango constitucional a ese instrumento.

Aunque reconoció que esta medida implica que ninguna violación cometida desde septiembre de 2013 podrá ser conocida por el tribunal regional, la CIDH dejó en claro que Venezuela sigue bajo su supervisión y que ella analizará todas y cada una de las 38 denuncias que recibió en 2013.

El número de quejas de venezolanos que recibió la Comisión el año pasado fue 58,3% superior al de 2012, cuando recibió 24. Estos datos revelan que las afirmaciones de las autoridades, según las cuales la salida de la Corte implicaban también la salida de la CIDH no calaron entre los ciudadanos.

Por Juan Franco Alonso

El Universal