Una de las características que define un gobierno autoritario es la existencia de presos políticos. La persecución por pensar diferente y el encarcelamiento como consecuencia son acciones que no ocurren en las democracias, en las que más bien se estimula la pluralidad de ideas. Y no basta con negarlo, porque en el caso de Venezuela hay 251 detenidos que evidencian lo contrario.

Cada una de esas personas está en alguna mazmorra del gobierno acusada de cosas como “traición a la patria”, “financiamiento del terrorismo”, “asociación para delinquir”, delitos cuya definición es etérea y con pruebas en su contra que nadie ha visto. Otra de las características de estos casos es que no se les respetan el derecho a la defensa ni las condiciones más mínimas de reclusión.

¿Qué exageramos? ¿Cómo puede llamarse entonces el aplazamiento por duodécima vez de la audiencia preliminar de Javier Tarazona, preso desde julio solo porque fue a la fiscalía del estado Falcón a denunciar que lo perseguían agentes de seguridad del gobierno? ¿Cómo se explica el caso de Roland Carreño, a quien no han podido probarle delito pero sigue encerrado? ¿Y los casos de los que están enfermos y no han recibido la atención necesaria dentro de la cárcel?

Pero las cuentas son aún más graves. De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal, hay cerca de 9.000 personas “sujetas a medidas restrictivas de su libertad” como los llamados regímenes de presentación o las medidas de casa por cárcel. Son venezolanos que no pueden hacer su vida normalmente porque, a pesar de no haber cometido delito, tienen que someterse al maltrato de un sistema de justicia que está al servicio del gobierno chavista.

Más allá de una característica de un gobierno autoritario, es signo de crueldad, pero también de miedo. Ellos saben que si no esparcen el terror, si no amedrentan a los que tienen la valentía de decir lo que piensan y que piensan diferente, muchas cosas pudieran cambiar en el país y lo peor, ellos perderían el poder. Y lo que menos quieren es tener que medirse democráticamente con personas que pudieran articular soluciones reales a los problemas que viven los venezolanos.

Esta característica de mantener presos políticos los hace creerse muy fuertes, pero en realidad saben que son débiles. En el fondo tienen el conocimiento de que la sociedad venezolana hace mucho tiempo no comulga con ellos y por eso prefieren ejercer la fuerza. Cada uno de los presos políticos y de los sometidos a los vejámenes de la justicia roja son líderes en potencia y son héroes.

No se puede, por ninguna circunstancia, dejar de insistir en la libertad plena de todos. Porque para reconstruir a Venezuela son sumamente necesarios.

Editorial de El Nacional