En retaliación política la alcaldesa del Municipio Moran, Gisela Rodríguez y la gobernadora Carmen Meléndez ordenan revocar la medida de libertad condicional, y les dictaron privativa de libertad a 7 de las 13 personas, que fueron detenidas el pasado 8 de mayo por participar en una protesta en reclamo, porque tenían más de 12 horas sin luz, en la población del Tocuyo, en Barquisimeto estado Lara.
Así lo denunció el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara Guillermo Palacios, quien llevará esta denuncia ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, para que se investigue este caso donde se le están violando los derechos humanos a estas personas, que su único delito fue ejercer su derecho a la protestar pacífica.
“Lo más grave es que al grupo de 7 personas de 13, que fueron presentadas el martes 12 después de realizada la audiencia en donde se había acordado libertad condicional, se revoca esta medida, por presión de la alcaldesa del Municipio Moran Gisela Rodríguez y la gobernadora Carmen Meléndez, obligaron a cambiar la decisión para lo que se prestó la juez de control No. 7 Ana Tovar, anulando la audiencia donde acordaron privativa de libertad. Esto son los jueces del horror que hay en Venezuela”, condenó el diputado larense.
Indicó que ahora el total de los privados de libertad son 13 personas, en principio se había acordado privar de libertad solo a 6 de los detenidos, por ejercer su derecho constitucional de protestar por la falta de los servicios públicos, agua, luz y gas, además por la escasez de gasolina.
“La juez de control No. 7 Ana Tovar dictó privativa de libertad a estos 13 inocentes, imputándoles injustamente e ilegalmente 6 delitos: instigación al odio; obstaculización de vías, obtención de objetos explosivos, resistencia a la autoridad, uso de menores y asociación para delinquir”.
Destacó finalmente que además se está cometiendo una flagrante violación de los derechos humanos de estas personas, principalmente porque entre los detenidos se encuentran unos menores de edad y discapacitados, por lo que expondrá el caso ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que preside la Alta Comisionada Michelle Bachelet.
