Un juez británico dio la razón al líder opositor Juan Guaidó, impidiendo que 31 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra sean recuperadas por el gobierno de Nicolás Maduro, que anunció que apelará la decisión.

«El gobierno británico reconoce al señor Guaidó en la capacidad de presidente constitucional interino de Venezuela» y «en virtud de la doctrina de ‘una única voz’ la corte debe aceptar esa declaración como inequívoca», escribió el juez Nigel Teare.

Los abogados de la junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV) presidida por Calixto Ortega anunciaron inmediatamente que presentarán un recurso «por considerar que ignora por completo la realidad de la situación sobre el terreno».

Tras escuchar a las partes, el juez Nigel Teare ha concluido que el Gobierno del Reino Unido ha reconocido «inequívocamente» a Guaidó como «presidente interino constitucional» del país latinoamericano y es por tanto la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por él la que tiene autoridad sobre las reservas.

El magistrado también ha decidido que «no es justiciable» -es decir, que la corte no puede someter a escrutinio- la legalidad con base en el derecho venezolano de los nombramientos a la junta del BCV realizados por Guaidó, que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Caracas.

El dictamen, que sienta precedente, significa que el Banco de Inglaterra, que se declaró «en medio de las partes» en disputa en este proceso, puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó, encabezada por Ricardo Villasmil, y no de la nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega.

Habiendo establecido qué junta es, a su entender, la legítima, la corte podrá avanzar en la demanda presentada en mayo contra el BoE por Ortega, que acusó al banco central británico de infracción de contrato al no cumplir su petición de transferir 930 millones de euros (alrededor de 1.000 millones de dólares) de las reservas de oro a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.

La administración de Maduro lleva más de año y medio intentando sin éxito recuperar más de 30 toneladas de oro, valoradas en unos 1.000 millones de dólares, que tiene guardadas en el Banco de Inglaterra (BoE).

Guaidó, al que el Reino Unido reconoció en febrero de 2019 como presidente interino del país «hasta que puedan celebrarse elecciones presidenciales creíbles», escribió dos veces a las autoridades británicas para pedirles que no entregasen los lingotes.

En abril, el BCV volvió a solicitarlo alegando que necesita vender el oro para utilizar el dinero en la lucha contra la pandemia de covid-19.

Sin embargo, el BoE afirmó haber recibido instrucciones contradictorias de otra junta directiva del BCV nombrada por Guaidó.

«Ninguno de los miembros de la llamada ‘junta directiva ad hoc’ del BCV nombrados por Guaidó ha residido en Venezuela desde hace algunos años» y «el gobierno de Maduro tiene el control total de Venezuela y sus instituciones administrativas», afirmó el abogado de la administración de Maduro, Sarosh Zaiwalla, al anunciar su intención de recurrir.

La decisión judicial ocurre justo después que el mandatario Nicolás Maduro expulsó del país a la embajadora de la Unión Europea, tras las sanciones que el bloque impuso a dirigentes de la oposición que han accedido a acordar con su régimen y a funcionarios del sistema, como magistrados del TSJ, fiscales y al controlador designado por la Asamblea Nacional Constituyente.

Gran Bretaña, ya separada de la UE, acordó, sin embargo, plegarse a las sanciones, lo que constituye un precedente claro para la decisión del juez, quien debía determinar cuál es el gobierno legítimo de Venezuela para el reino.

La dictamen significa que el oro depositado en el Banco de Inglaterra permanecerá bloqueado, pero el BCV, presidido por Calixto Ortega, seguirá peleando; sin embargo, ha perdido una batalla crítica.

El dictamen de este jueves 2 de julio servirá también para resolver un pleito planteado por Deutsche Bank en 2019, sobre cuál de los dos bandos puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de «swap» o permuta de oro.

Fuente: Banca y Negocios 

Por: María Laura Espinoza

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