El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, insistió hoy que es «ilegal» e «irresponsable» que el secretario general del organismo, Luis Almagro, aplique la Carta Democrática a su país, un paso sin precedentes que podría llevar a su suspensión del ente

«Eso es una ilegalidad, no es una decisión que se le pueda ocurrir al secretario general, eso tiene que tener una autorización (del Estado venezolano) porque no hay supuesto de hecho para que lo haga», dijo hoy el diplomático a los periodistas tras participar en una charla en el centro de estudios Diálogo Interamericano.

Almagro, que hoy cumple un año al frente de la OEA, se convertirá la próxima semana, con toda probabilidad, en el primer líder del organismo que aplica la Carta Democrática a un Estado miembro contra la voluntad de su gobierno.

Interrogado sobre qué hará Venezuela si Almagro da ese paso, Álvarez se limito a decir que «hay que esperar a ver qué hace» y que lo que su país hará «es decir que se trata de una ilegalidad».

Álvarez ve «inaceptable e ilegal» que Almagro haya tomado «su propia posición política» como «jugador independiente» de los 34 Estados miembros de la OEA, algo que considera «fuera de la Carta de la OEA».

El diplomático tampoco aprueba que Almagro vaya a invocar la Carta Democrática por solicitud de la Asamblea Nacional venezolana, que es de mayoría opositora.

«Ha tomado una decisión política clara, se lo ha pedido un Parlamento, pero de acuerdo con la ley internacional el representante es el Poder Ejecutivo. Imagínense cómo sería de loco, especialmente en regímenes presidencalistas, que todos los Parlamentos pidan a la organización hacer algo», apuntó.

«Si Almagro quería promover un diálogo, si ese era su objetivo final, ha perdido su oportunidad, porque tenía un rol como diplomático pero ya no lo tiene al tomar Venezuela como un caso personal», añadió.

La misión de Venezuela en la OEA argumenta que Almagro no puede aplicar la Carta porque eso solo puede hacerse cuando «un Estado lo pide o lo autoriza a otros Estados» o cuando «no hay gobierno legítimo tras un golpe de Estado».

Esos son los supuestos por los que se había recurrido la Carta hasta ahora: porque el propio Estado ha pedido la asistencia de la organización (artículo 17) o porque un grupo de Estados ofrecieron ayuda a un tercero y este lo aceptó (artículo 18) o «al producirse una ruptura del orden democrático» (artículo 19), el que se usó tras el golpe de Estado de Honduras de 2009.

Sin embargo, el artículo al que recurrirá Almagro es el 20, un punto que nunca se ha aplicado y que autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización «se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».

Con ese paso sin precedentes en la OEA se abre un proceso de reuniones y votaciones que pueden tener como consecuencia desde resoluciones o gestiones diplomáticas hasta la eventual suspensión de Venezuela como miembro del organismo, para lo que es necesario el voto de dos tercios de los cancilleres y que solo ocurrió tras el golpe de Estado de Honduras en 2009.

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