Familias rotas y migración forzada por la decisión de Maduro

SAN ANTONIO DE TÁCHIRA, Venezuela.- En las casas del barrio La Invasión, en San Antonio de Táchira, la gente empezó a izar banderas de Venezuela. Con ese símbolo, sus habitantes, muchos de ellos colombianos, tratan de salvarse de otro que ya fue pintado en algunas viviendas: la letra «D», de demolición, con la que los militares marcaron las que pertenecían a quienes fueron deportados.

«Pusimos las banderas para que no nos tiren las casas y no saquen a la gente; así sabrán que somos venezolanos. Es una idea que se nos ocurrió después de ver cómo se llevaban a nuestros vecinos», dice Liliana Garzón.

Así se vive hoy en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde ya son habituales la migración forzada y las familias rotas.

La Invasión está repleta de militares desde el 22 de agosto. Ese día, un batallón, con tanqueta y retroexcavadoras, entró en el barrio para poner en marcha el Operativo de Liberación del Pueblo (OLP). Buscaron a los colombianos y allanaron viviendas sin orden judicial. Se ampararon en el estado de excepción ordenado por el presidente Nicolás Maduro.

Primero lo hizo en seis municipios fronterizos y luego en cuatro más con la intención de frenar el contrabando de alimentos y de combustible hacia Colombia.

«Sacaron a la gente bajo engaño. Los guardias nacionales pidieron a los colombianos que se trasladaran a la cancha deportiva para supuestamente hacer una revisión de papeles de identidad. Pero no fue así, porque muchos vecinos fueron deportados», agrega Garzón.

Tras 12 días del cierre de la frontera y la aplicación del OLP en Táchira, han sido deportadas más de 1088 personas, 4260 que volvieron de forma espontánea y 369 que retornaron a su lugar de origen en Colombia, según un comunicado emitido el jueves por la Organización de las Naciones Unidas. En total suman 5717 personas.

Las deportaciones que han ocurrido esta semana se suman a un goteo que ya acumula más de 6200 ciudadanos en situación irregular deportados en dos años y medio, que fue denunciado en mayo pasado por la cancillería colombiana.

Al padre de Flor María Heredia se lo llevaron el miércoles en una ambulancia de Protección Civil. El hombre, de 93 años, estaba postrado. «Les pedimos que vinieran a buscarlo, porque finalmente vendrán por nosotros y preferimos que él sea trasladado con atención médica, pues está delicado de salud», cuenta la mujer mientras llora en su casa en proceso de mudanza.

Heredia, de 56 años de edad, fue desplazada por el conflicto armado en su país. Vivía con su familia en la población de Sardinata, en el departamento Norte de Santander, pero un día de 2001 llegó un grupo de supuestos paramilitares y acusó a los habitantes de colaborar con la guerrilla. «Nos vinimos a Venezuela porque los paramilitares nos desplazaron y ahora el gobierno de Venezuela nos desplaza.»

Sentada en una silla dentro de su casa, Heredia solo piensa qué será de su vida al regresar a Colombia. Es una escena que, por estos días, se ha hecho común en Táchira.

PP, un hombre de 46 años, escondió a 16 colombianos para que no fueran deportados por los militares venezolanos. «Un funcionario de Migraciones, un buen hombre, me dijo: «Dales refugio a tus paisanos, te los entregaré con maletas y documentos para que los ayudes a huir». Los escondí en mi casa. Sólo estuvieron día y medio».

DR, otra habitante de San Antonio, que hacía el miércoles una fila en el llamado «corredor humanitario» cerca del Puente Internacional Simón Bolívar, asegura que también refugió a una familia colombiana en su casa. «Estaban buscando casa por casa a los colombianos. Tengo una amiga que se encontraba desesperada y ya estaba identificada por la Guardia Nacional. Sus hijos son venezolanos y, como decían que les quitaban a los chicos, le ofrecí mi casa. Estuvieron tres días allí, pero luego lograron entrar a Cúcuta.»

Pero otros colombianos han decidido regresar a su país. «Que no me busquen, me iré sola. Quiero regalarle mis huesitos a Colombia. Yo tengo la cédula de identidad de residente, pero casi todos mis amigos y vecinos han sido expulsados. Llegué en 1985 a Venezuela, viví con mi hermana en Caracas y ella murió. Ya no tengo motivos para quedarme porque este país ha cambiado mucho. Ahora el gobierno cree que todos somos paramilitares y no es así, meten a muchos colombianos presos», expresa Leonor Padilla, de 74 años y vecina de San Antonio.

Casi todas las casas de La Invasión fueron marcadas con las letras «R» (revisada) o «D» (demoler). El viernes cambiaron las letras por puntos rojos hechos igualmente con spray.

El general José Morantes Torres, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Táchira, declaró que La Invasión «servía de plataforma bidireccional de logística del contrabando y de labores de paramilitares». Además, informó que revisaron 2572 viviendas y que luego analizarán lo que harán con el barrio porque estaría instalado en una «zona de seguridad».

En La Invasión, fundado en enero de 2004, sólo hay caminos de polvo; pocas son las calles pavimentadas. Hay casas construidas con bloques o con tablillas de madera, bodegas, un Simoncito, 10 iglesias cristianas, una base de misiones, algunas canchas deportivas delimitadas con viejos neumáticos. La gente se moviliza comúnmente en motos.

Es una población cuyo límite al norte es el río Táchira, que comunica, a través de casi 100 trochas (puentes improvisados), con Colombia.

Las trochas son usadas por hombres, mujeres, ancianos, chicos; en familia o solos. Casi todos cargan con pesados bultos, valijas, jaulas con mascotas, electrodomésticos, motos, heladeras, cocinas, camas. Es un éxodo que depende de la apertura de los caminos.

Para Yurley Higuera, colombiana de 28 años, ha sido una larga espera. Cuando supo que sería deportada, remató toda la mercancía que tenía en su puesto de ropa en el Centro Cívico de San Cristóbal, en Táchira. Después fue a su casa para empacar y pagó a un camión para trasladarlas a Cúcuta. Pero no pudo hacer el recorrido, las autoridades venezolanas le dijeron la semana pasada que no podía pasar con esa cantidad de objetos a Colombia y sólo le permitían cargar con la ropa. Se fue a una de las trochas del río Táchira, acompañada de su perro Chester y de un amigo que contrató para guiarla, y allí aguardó durante ocho horas. Este plan tampoco funcionó. «Todo lo que tengo está en Venezuela. No puedo irme sin esto, porque sería como quedarme en la calle», contó. El jueves pudo pasar.

La separación de familias producto de las deportaciones ha sido denunciada por las autoridades de Colombia y la Iglesia Católica, que asiste a los expulsados en Cúcuta. Juan Fernando Cristo, ministro de Interior de Colombia, aseguró que 34 chicos venezolanos fueron separados de sus padres colombianos. Desde la diócesis de Cúcuta confirman la llegada de familias rotas.

Ingrid Torres, oriunda de la ciudad de Girardot [en el departamento colombiano de Cundinamarca], es una de las expulsadas por no contar con documentos legales. Ella fue separada de su bebe de 4 meses. «Ingrid había sellado recientemente su pasaporte en Colombia y eso le permitía estar legalmente unos meses más en Venezuela, pero los guardias nacionales no hicieron caso de eso. Se la llevaron sin mediar palabras», cuenta Diego Trejo, su pareja.

Torres sólo pidió llevar consigo a su hija. Antes de ser deportada, insistió en que necesitaba darle pecho a su bebe y por eso no podían ser separadas. «Los militares no quisieron que se la llevara fuera de Venezuela, dijeron que son hijos de la patria», recuerda Trejo

Fuente: La Naciòn.ar