Para el TSJ, la Constitución no prohíbe el uso de armas y sustancias tóxicas en las protestas “que sean violentas o que se tornen violentas”. “Es legitimar la represión, dar manos libres a los cuerpos de seguridad para que ataquen a la ciudadanía”, advierte la exmagistrada Blanca Mármol de León

Para la Sala Político-Administrativa del TSJ, la resolución 008610 firmada por Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, para permitir el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones públicas no infringe el derecho a la manifestación pacífica.

La sentencia 00840 de la Sala asegura que “lo que está prohibido por el texto constitucional es el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, no así en aquellas que sean violentas o que se tornen violentas”.

Así responde la máxima instancia judicial a la solicitud de anulación interpuesta por la hoy diputada Delsa Solórzano en febrero de 2015, en calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática. La parlamentaria rechaza la decisión: “El TSJ es muy diligente para anular las decisiones de la Asamblea Nacional, pero no lo es cuando se trata de los ciudadanos”.

“A más de año y medio después que fue introducida la medida cautelar y el recurso de nulidad, niegan la cautelar que permite que siga vigente la resolución que consideran una maravilla. Será para ellos que son unos represores, pero para los que creemos en la paz y la democracia esa resolución viola el derecho a la vida”, reclamó Solórzano.

En la sentencia, la Sala Político-Administrativa considera que la resolución del Ministerio de la Defensa “no está dirigida a impedir la libertad de expresión, de manera que todos conservan ese derecho a expresar libremente sus ideas u opiniones por cualquier medio de comunicación y difusión, con las limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes”.

Represión legitimada

“Es legitimar la represión, dar manos libres a los cuerpos de seguridad para que ataquen a la ciudadanía, porque en el peor de los casos, ellos (los funcionarios) tienen las maneras de controlar un evento que se torne violento, de manera que disparar en contra del pueblo no se justifica jamás”. Así resume la exmagistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, la decisión judicial.

El argumento lo respalda la defensora de Derechos Humanos, Elenis Rodríguez, presidenta de Fundeci. “Lo que hace el TSJ lo convierte en el primer violador de la Constitución, lo que buscan es amedrentar a los venezolanos y a callarnos por el temor de ser asesinados, el Gobierno se está decretando como un gobierno criminal”.

Ejemplifica el alcance de la medida de la cartera de Defensa con hechos registrados en 2014. “Así como los funcionarios que mataron a Bassil Dacosta y Geraldine Moreno, mañana habrán funcionarios que van a quedar absueltos por cometer este tipo de delitos, porque están respaldados por esta decisión del TSJ”, rechazó.

Ascenso con sangre de Geraldine

Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, joven asesinada por perdigones de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas del 2014; denunció que muchos de los efectivos de la Guardia Nacional involucrados en la muerte de su hija fueron ascendidos de sargentos a tenientes, “mientras Frank Alonso Osuna Díaz fue ascendido a comandante en jefe de la Guardia Nacional en el estado Guárico”.  El día que mataron a mi hija había 25 militares de guardia en el Destacamento 24 de la Guardia Nacional, todos a cargo del teniente coronel Frank Osuna y todos ellos se callaron ante la tortura y asesinato de mi hija”, denunció la progenitora.

No es definitivo

Delsa Solórzano explica que el TSJ negó el amparo cautelar que pedía suspender la resolución en lo inmediato, pero admitió el recurso de nulidad que trata a fondo los alcances de esta resolución. Este último amerita un análisis más profundo antes de tomar una decisión, “es más largo el proceso jurídico, es decir, la decisión puede tardar años”, puntualizó.