El Gobierno español apoyó el inicio inmediato de una «investigación independiente» sobre la muerte de al menos nueve personas durante los enfrentamientos del viernes pasado en Cochabamba (Bolivia).

«El legítimo derecho de protesta debe ejercerse siempre por vías pacíficas» y la protección del orden público a cargo de la Policía y de las Fuerzas Armadas debe realizarse «dentro de la legalidad boliviana y del Derecho internacional en materia de Derechos Humanos», subrayó la Cancillería española en un comunicado.

España condena «tajantemente» la escalada de violencia en Bolivia, con el resultado de «23 muertos y centenares de heridos» hasta el momento, tras los fallidos comicios del 20 de octubre, que desembocaron en la salida del presidente Evo Morales del país.

También recalca su petición de que «todos los actores implicados deben contribuir al restablecimiento de la normalidad institucional y a la celebración de nuevas elecciones con todas las garantías democráticas lo antes posible como única salida posible a la crisis actual»

EFE