Lapsos para la distribución de gas en las comunidades se han hecho más largos (Foto: Cortesía)

Cuando en la parroquia Santa Rosalía, de Caracas, se escucha que llegará algún camión de Gas Comunal, sus habitantes salen de sus casas antes del amanecer para poder surtirse del combustible doméstico. Hasta hace dos años, según recuerda Miguel Sánchez, vecino del barrio Los Mangos, en el sector había cinco empresas que vendían, distribuían e instalaban las bombonas en las viviendas. Ahora, dependen de los Consejos Comunales y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

De acuerdo con una nota de prensa publicada en el portal de Venezolana de Televisión (VTV), a partir del 5 de junio, Santa Rosalía, El Valle y Coche, pasaban a conformar las localidades piloto de Gas Comunal que estarían a cargo de los Clap, informó Freddy Bernal, coordinador nacional del programa.

Pero Miguel relató que en esa zona, la distribución del gas la controlan los voceros del Clap y los consejos comunales desde hace casi un año.

No importa qué tanto madruguen, la mayoría de las veces la comunidad se queda esperando al camión; o peor: cuando llega, las bombonas no alcanzan ni para la mitad de las familias. Según Miguel, ninguno de los 100 consejos comunales de la parroquia es capaz de gestionar y garantizar el servicio en la zona.

En el interior del país 

Pero las fallas no se registran únicamente en la capital venezolana. En varias zonas del país también se reportó que la escasez de gas se agudizó con la toma de control por parte de las organizaciones comunales y las deficiencias de transporte por falta de combustible.

En noviembre de 2018, Nemrod Contreras, vicepresidente de Gas, y Frank Coello, presidente de Gas Comunal, anunciaron la creación de un plan para estabilizar y normalizar el servicio del gas doméstico en todo el país. Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) aseguraba que, desde la filial Gas Comunal, la compañía estaba “presta los 365 días del año para ofrecer un servicio de calidad a precios regulados por el Ejecutivo nacional”.

Sin embargo, el sistema de distribución del gas licuado de petróleo (GLP), envasado en cilindros, conocidos simplemente como bombonas, no ha mejorado. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, en su boletín del mes de febrero, publicó los resultados de un monitoreo realizado en Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, Punto Fijo y San Cristóbal. Aunque el informe no precisa el tiempo en el que se hizo el seguimiento de las denuncias sobre las fallas del servicio ni cuántas personas fueron encuestadas, los resultados determinaron que 95% de los consultados dependen del gas doméstico para cocinar y 79% lo obtiene por bombonas.

Rosa León vive en la urbanización Armando Reverón, en La Guaira, estado Vargas, y el lugar de distribución de gas que le queda más cerca es el llenadero de Zamora, ubicado a más o menos 15 kilómetros y la mayoría no puede trasladarse hasta allá, porque a las deficiencias del servicio se le suma la crisis de transporte público denunciada por el gremio desde 2017. Hasta hace un año, esa distancia no significaba nada, porque los 27 bloques del conjunto residencial cuentan con un sistema de gas directo, pero, cuando comenzaron las fallas, muchos decidieron comprar bombonas o cocinas eléctricas, o ambos, como Rosa.

Pueden pasar entre dos y cuatro semanas sin gas directo, por eso ella depende de una única hornilla que funciona con electricidad, pero, a pesar de que el estado Vargas está excluido del plan de racionamiento impuesto por el Ministerio de Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) luego de los tres apagones masivos de marzo, Rosa asegura que en cualquier momento se puede ir la luz.

Lo habitual debería ser que los vecinos le paguen a la filial de Pdvsa por el llenado de las bombonas que surten a través del sistema de gas a los 27 apartamentos que tiene cada edificio, pero la distribución es irregular. Según Rosa, la última vez que cancelaron por el servicio fue el mes pasado, un monto de 500 bolívares por familia. Pero siguen esperando.

Aunque para algunas comunidades, como en la que vive Rosa, el precio del servicio no parece ser problema, en sectores populares, sobre todo en el interior del país, el gasto del gas doméstico se suma a la lista de necesidades básicas que se deben satisfacer en medio de una hiperinflación estimada en 10.000.000%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el cierre de 2019, y con un salario mínimo mensual de 7,7 dólares a tasa oficial.

En Maturín, estado Monagas, Adelaida Mata debe sobrevivir con Bs 40 mil bolívares mensuales correspondientes al pago de la pensión del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss), que si se promedia la deja con un presupuesto diario de más o menos 1 mil 300 bolívares -menos de 1,5 dólares, índice que utiliza el Banco Mundial para ubicar a quienes viven en pobreza extrema.

De acuerdo con las tarifas de Pdvsa, recargar una bombona de 43 kilos tiene un costo de 20 bolívares, pero Adelaida asegura que, por sus dos cilindros, debería pagar Bs 4 mil en efectivo, lo que significa gastar 10% de su ingreso mensual.

La distribución del gas debería ser mensual, igual que la de las cajas de los Clap. Aun así, en la comunidad en la que vive esta vecina sólo ha llegado tres veces en lo que va de año; ni siquiera los jefes de calle, que son los voceros del Estado en las zonas, saben con exactitud cada cuánto pueden contar con el servicio. En seis meses, Adelaida no ha podido recargar ninguno de sus cilindros porque no puede con el peso de las bombonas y no cuenta con ayuda de nadie: “Antes yo llamaba a la compañía y los técnicos venían e instalaban las bombonas. Pero desde el año pasado eso lo tomó el consejo comunal y ya no funciona”.

La falta de gas la obligó a pedir prestada una cocina eléctrica con la que no puede preparar granos o tubérculos porque requieren mucho tiempo de cocción y la electricidad falla constantemente, por lo menos, cuatro horas al día. Sus necesidades empeoran con las deficiencias de todos los servicios básicos.

En el estado Anzoátegui, el sistema comunitario de distribución del gas doméstico tampoco parece funcionar. José Figuera vive en Barrio Unión de Puerto La Cruz desde hace 20 años y siempre había tenido acceso al servicio: “El camión pasaba por aquí y yo podía recargar tranquilamente”; pero cuenta que hace tres o cuatro años comenzó a agudizarse la escasez de gas y para conseguirlo debía pasar horas en cola.

Dos cilindros, de 10 y 18 kilos, le alcanzan para dos meses completos, porque José vive solo, pero cada vez que va a comprar se le hace más difícil pagar. A principios del mes de junio, para recargar una bombona se requerían Bs 20 mil, lo que representa la mitad de sus ingresos mensuales.

El 20 de junio, a través de una nota de prensa, la compañía petrolera aseguró que había entregado 10 mil 709 cilindros, a través de 34 camiones de distribución para 8.197 familias en los municipios Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Anaco. El municipio Juan Antonio Sotillo, en el que está ubicado Barrio Unión, quedó fuera de ese plan de distribución.

La crisis del gas, incluso, obliga a muchos a utilizar métodos que la civilización dejó atrás hace muchos años. María Teresa Ojeda vive en la urbanización Comunidad Nueva de Guanare, estado Portuguesa, y dice que hay tanta gente que ha optado por cocinar en fogón que, en los horarios habituales de comidas, lo único que se percibe es el olor a carbón.

En su sector el pago por el suministro del gas se hace directamente a los Clap: “Tú les pagas, ellos se llevan las bombonas y luego las traen”. La recarga de cilindros grandes cuesta Bs 4 mil 600 y los medianos Bs 1 mil 800. Sólo permiten pagar una por familia, si es de las medianas, una vez al mes y si es de las grandes, cada dos meses.

Ni siquiera en el estado Zulia, conocido como el centro de la industria petrolera, la población cuenta con el acceso al gas doméstico.

En Maracaibo, su capital, vendedores particulares ofrecen la recarga de las bombonas a un precio de Bs 6 mil en efectivo. Aunque esa tarifa varía a criterio del ofertante, a Nataly Angulo le estaban cobrando 20 dólares, el mismo monto que pagó por una cocina eléctrica de dos hornillas que se compró a principios de junio. De los consejos comunales o de los voceros de los Clap no sabe nada.

Zulia parece funcionar diferente al resto del país. De acuerdo con Omar Prieto, gobernador del estado, desde el 21 de junio, la distribución del combustible está a cargo de las alcaldías de los 21 municipios, además, serán las autoridades locales quienes fijarán las nuevas tarifas.

Seguir leyendo El Tiempo.com.ve

María Jesús Vallejo