Esta legislación, de 2012, penaliza con sanciones a personas que hayan cometido o hayan estado involucradas en asesinatos extrajudiciales, torturas y otras violaciones graves de derechos humanos.

Por Voz de América 

 

Tumba del abogado ruso Sergei Magnitsky en el cementerio de Preobrazhensky en Moscú, en una imagen del 22 de marzo de 2013.
Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos es una legislación que permite al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a cualquier extranjero que se compruebe que ha cometido abusos de derechos humanos y otras violaciones.

La ley fue aprobada en 2012 y en un principio se aplicó a funcionarios rusos y otras personas implicadas en la muerte bajo custodia del abogado ruso Serguéi Magnitsky, en noviembre de 2009.

Magnitsky había denunciado la corrupción en Rusia y estuvo detenido por más de un año en una prisión, donde finalmente falleció a consecuencia de varias dolencias tras recibir una atención médica deficiente y golpizas.

Desde abril de 2016 la ley se aplica globalmente y autoriza al gobierno de Estados Unidos a sancionar a los infractores de los derechos humanos, congelar sus activos extranjeros y prohibirles entrar al país.

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Las nuevas sanciones tienen origen en la Ley Magnitsky, implementada por EE.UU. tras la muerte, en 2012, bajo custodia de autoridades rusas, del abogado y auditor Sergei Magnitsky, que denunció un fraude fiscal millonario por parte de la policía, abogados y empresarios en Rusia.
Según la ley, las acciones penalizadas incluyen, entre otras, asesinatos extrajudiciales, torturas y otras violaciones graves de derechos humanos, y actividades ilegales llevadas a cabo por funcionarios de gobiernos.

Los primeros 18 sancionados en base a esta legislación fueron funcionarios rusos involucrados en el caso de Magnitsky, pero con el tiempo muchos más nombres han sido incluidos en la lista.

Entre ellos se encuentran tres nicaragüenses (Fidel Moreno, exalcalde de Managua; Francisco «Chico» López, tesorero del Partido Sandinista; Francisco Díaz, jefe de la policía de Nicaragua, y Roberto J. Rivas, jefe del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua), varios de los implicados en el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi y la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam.