Después de la reciente resolución de la OEA, se inicia un período de discusiones determinantes en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Los debates del foro americano se trasladan a las sesiones del organismo que sirve de cobijo a los sindicatos, ante cuyos representantes se ha denunciado en términos formales la persecución que lleva a cabo la dictadura contra los líderes laborales venezolanos y contra la clase trabajadora.
Por consiguiente, permanece la atención internacional frente a las tropelías de un régimen que se vende como protector del pueblo, y especialmente de los estratos más desposeídos y sufridos de la sociedad.
Desde el ascenso de Hugo Chávez, la “revolución” ha manejado un mensaje de justicia social que se ha convertido en una de sus armas más socorridas, en la lanza que levanta habitualmente contra sus enemigos de la burguesía y de la aristocracia que, según un discurso cansón y hueco, partiendo de un rosario de clichés sin contenido, luchan por la defensa de sus privilegios contra los derechos del pueblo soberano.
Que los líderes sindicales demuestren lo contrario en la OIT, y soliciten acciones contra los arteros procedimientos de la dictadura frente a ellos y frente a sus afiliados, no solo descubre una gigantesca falacia sino que, además, puede promover reacciones de especial trascendencia en la institución que vela por los intereses de los trabajadores en el ámbito internacional. De allí la importancia de este nuevo campo de batalla que se abre contra el socialismo del siglo XXI.
De acuerdo con las afirmaciones de Marcela Máspero ante la OIT, la dictadura recrudece la represión en el campo que ella representa. Como presidente de la Unión de Trabajadores de Venezuela, aseguró lo siguiente: “Ha empezado una nueva etapa de persecución de líderes sindicales, que incluye a personal del sector sanitario por exigir la apertura de un canal humanitario y denunciar la falta de medicinas y suministros”. Por su parte, el secretario del sindicato de Alimentos Polar, Roger Palacios, agregó que la dictadura ha optado “por la represión, prisión y exilio para quienes se niegan a la extinción económica de la clase trabajadora”.
Se trata, precisamente, de “evitar la extinción económica de la clase trabajadora”, nada menos. Las denuncias remiten a una de las catástrofes mayores que promueve la dictadura madurista, a un plan deliberado cuyo propósito es el control total de la vida venezolana a través de mecanismos salvajes, inhumanos, que pretenden el dominio de todas las clases sociales y, por supuesto, también de los trabajadores a quienes dice proteger pero contra quienes tiene el plan de conducirlos a la desaparición.
Gracias a la voz decidida y valiente de los líderes de los sindicatos democráticos, la OIT tiene en su mesa un tema capital, un asunto de vida o muerte para la sociedad venezolana, cuya atención debe profundizar las batallas por la libertad y la justicia libradas en la OEA.
Editorial de El Nacional
