Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre de cada año, el IEPFT convocó al foro “Violencia de Género: Políticas Públicas para superarla”, en el marco de su temática sobre la Mujer. Destacadas panelistas expusieron las dimensiones del drama y aportaron soluciones para enfrentar este problema social en Venezuela

La violencia de género es considerada una “pandemia pública” que en Venezuela se ha agudizado con la COVID-19 en 2021. Durante este año se reportaron 30 feminicidios consumados y 11 frustrados, informó la organización CEPAZ. En el mundo, una mujer muere cada 50 minutos por esta causa

Ante esto, el Estado venezolano tiene la responsabilidad de detener la violencia de género y asumir sus compromisos en materia de derechos humanos consagrados en la Constitución vigente, así como en leyes y convenciones internacionales.

Reformar la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007; adecuar el marco jurídico a la Convención 190 de la OIT; y educar desde la niñez y dar formación integral al personal de salud que interviene en la atención obstétrica de las mujeres, son necesarias para prevenir y erradicarla. Durante el parto también se está detectando la violencia de género.

Las consideraciones fueron hechas durante el Foro “Violencia de Género: Políticas Públicas para superarla”, que fue convocado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, en alianza con la UCAB, y el apoyo tecnológico de Universitas Fundación, en ocasión de conmemorarse este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Fue moderado por la ex diputada Nora Bracho, quien presentó cifras escalofriantes: 67% de autores de violencia con arma de fuego están en fuga, 126 desapariciones de mujeres y niñas en lo que va de 2021; 40 mujeres han sido asesinadas por bandas del crimen organizado.Son sub registros, precisó, porque no hay información oficial.

La violencia de género: ni ajena ni una moda

“Ya no es problema extranjero ni una moda. Es un drama permanente y actual y también un problema venezolano”, expresó el profesor Ramón Guillermo Aveledo, al presentar el foro virtual, en el cual participaron las destacadas especialistas Griselda Barroso, Laura Acuña y Mireya Rodríguez, así como la abogada Linda Loaiza López Soto y la licenciada Olga de Acevedo.

Mencionó la reciente denuncia pública de 23 jugadoras de equipo Vinotinto femenino de Futbol encabezado por Deyna Castellanos, por estupro, por parte del ex entrenador de la selección.

“El Estado debe cumplir y hacer cumplir, como juran ritualmente los funcionarios al asumir sus responsabilidades, con la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007”, señaló.

Citó también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “vergonzosamente denunciada” por el gobierno en 2012; la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 ; y la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrita en Belém do Pará en 1996.

“Seguiremos empeñados en que la agenda pública asuma y el liderazgo de respuestas a los temas sociales relevantes. En la política, claro. Pero también en la economía y el trabajo, en el funcionamiento institucional y los problemas específicos de todos los sectores, como las mujeres, los jóvenes, las minorías indígenas”, dijo Aveledo en su intervención. Y recordó que la conmemoración se originó en el asesinato de las hermanas Mirabal por agentes de la tiranía trujillista en República Dominicana, en 1960. “La violencia contra las mujeres y las niñas es un problema de todos. ¡Basta! Ha dicho Oxfam” (ONG mundial dedicada a labores humanitarias)

El presidente del IEPFT agradeció la contribución de las especialistas para el fortalecimiento de la conciencia social. Y también la presencia, como parte del público, “en silente testimonio”, de la jueza María de Lourdes Afiuni.

La realización del foro, el 13° en 2021 y último de este año, forma parte del eje temático de la Mujer que también formará parte de la agenda de 2022, junto con otros eventos y un libro relacionado con los derechos humanos.

Políticas públicas contra la “violencia cruz” y la “violencia atroz”

La abogado Griselda Barroso, integrante del Observatorio de Derechos de las Mujeres, manifestó en su exposición sobre Violencia Doméstica y Patrimonial la necesidad de aplicar políticas públicas que transversalicen la formación, concientización, sensibilización, desde la niñez, en un esfuerzo mancomunado con los Ministerios de Educación y Salud, para erradicarla.

También sugirió una reforma de la Ley Orgánica para que la violencia doméstica, llamada también “violencia cruz” por sus implicaciones, sea tipificada como delito y no solo como una simple manifestación. Esto, porque este tipo de fuerza física o psicológica contra la mujer es proferida por ascendientes, descendientes, afines y colaterales. “Esta violencia se ha incrementado debido al confinamiento por la COVID-19”. También sugirió impulsar el reglamento especial para la Ley Orgánica. “Se está utilizando como ley complementaria el Código Orgánico Penal o el COPP, y no están enfocados con el nuevo paradigma de los derechos de la mujer”.

“Esta violencia es la que más ha ocupado espacios y estadísticas con una incidencia perniciosa sobre los derechos de las mujeres y sobre todo el derecho de tener una vida libre de violencia.”, dijo.

Se refirió a la violencia patrimonial y económica contra la mujer, considerada por las Naciones Unidas como una de las más atroces, debido a que no permite el derecho a la sobrevivencia de las mujeres. Se da cuando las mujeres rompen el convenio matrimonial o se divorcian y quedan en condiciones de pobreza, sujetas al chantaje, la amenaza, y el ocultamiento de bienes por parte de su conyugue o pareja sentimental.

“Esta violencia patrimonial es transversal para las 21 formas de violencia que se establecen en la Ley Orgánica y permanece en escalada. Se consideró la necesidad de tener que tipificarla como un delito agresivo y atroz contra las mujeres por la condición de pobreza, de desamparo en las que quedan, al no poder satisfacer sus necesidades de sobrevivencia, puesto que los hombres manejaban el recurso monetario”, dijo.

Adaptar normas al Convenio 190 contra violencia de la mujer

Correspondió a la especialista uruguaya Laura Acuña, consultora con especialización en temas laborales, negociación colectiva y género, exponer la violencia y acoso en las relaciones de trabajo, otro tipo de violación de derechos de la mujer. Y mencionó la importancia del Convenio 190, aprobado por la OIT el 21 de junio de 2019, y la recomendación 206 que acompaña este convenio. “El mundo del trabajo ya cuenta con una herramienta internacional, considerado un gran avance y que se plantea prevenir y erradicar la violencia y el acoso en el mundo laboral”, precisó.

El Convenio 190 define la violencia y acoso en el mundo laboral como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables y de amenazas, que tengan por objeto causar o que puedan causar daño físico, psíquico, sexual o económico. E incluye la violencia y acoso en razón de género.

No obstante, señaló los desafíos que implicará para aquellos países que lo ratifiquen aplicarlo y ajustarlo a su normativa, como el caso de Uruguay, el primer país en ratificar el Convenio 190 que entré en vigencia en junio de 2021, y el reto del gobierno de asumir las obligaciones.

Conciliar la normativa interna con la internacional para crear un marco jurídico que establezca derechos y obligaciones aplicables eficazmente a las relaciones laborales, implica que el Estado debe considerar por igual las necesidades y posibilidades de empresas y trabajadores. Además, trabajar en la prevención para alcanzar la tolerancia cero, explicó.

“Establecer conductas de configuren violencia y acoso, y que esas conductas sean prohibidas e inaceptables, establecer mecanismos de denuncia y de defensa con procedimientos garantistas, y además establecer sanciones y estas deben ser acordadas conforme al grado de responsabilidad. Y también mecanismos de difusión y sensibilización sobre la materia”.

La especialista consideró también la necesidad de “un cambio cultural desde tempana edad”, y en el intercambio de la vida social para que esto luego se refleje en las relaciones laborales. Además, mecanismos de control por parte del Estado y una efectiva tutela de derechos por el Poder Judicial. “Solo así creo que el Convenio 190 podrá cumplir los objetivos para los cuales fue creado”.

Más conciencia desde el amor contra la violencia de género

Olga de Acevedo, enfermera y especialista en lactancia materna y prevención de violencia obstétrica, se refirió durante su detallada intervención a la cantidad de mujeres parturientas que padecen violaciones a sus derechos en centros de salud públicos y privados.

“Los que hemos vivido la violencia obstétrica sabemos la marca que deja esta agresión de por vida”. Resaltó la obligatoriedad de “crear conciencia y diálogo desde el amor” para prevenir este tipo de atropello.

Puntualizó diversos tipos de violencia que padece una mujer parturienta en Venezuela. Entre estas la física que se da con los sistemáticos controles o durante el parto. Señaló la elevada tasa de cesáreas “sin criterio o justificación, sin decisión de la madre, porque el personal quiere irse a su casa o por cambio de guardia”; y el “ruleteo” en hospitales y clínicas, por un problema administrativo.

“Venezuela tiene hoy una de las tasas más altas en cesárea en hospitales públicos y en instituciones privadas, y es lamentable porque se les infunde terror a las madres y eso ha tergiversado la manera de nacer”.

A este panorama sumó el “inapropiado trato deshumanizado y lenguaje agresivo”, así como la discriminación e irrespeto que sufren las mujeres por haber quedado embarazadas. O por dar a luz en parques, calles, o en el monte. Y llamó la atención sobre la falta de infraestructura y de camas en buen estado de hospitales públicos. Y la situación de las madres cuando los bebés que fallecen a las puertas de instituciones públicas.

“Hay que crear cultura ginecobstetricia desde las universidades donde se forma el personal, para evitar la violencia obstétrica contra la madre en el caso del parto vertical”.

Consideró la violencia obstétrica psicológica como la más frecuente y la violencia posparto como la que deja “marcas increíbles” y daños en la lactancia materna. “Las enfermeras son las principales causantes de que las madres no amamanten, de hacerles ver que es traumático”.

Recomendó crear conciencia desde el amor y no con intrusismo- “¿Qué se está haciendo en Venezuela para enfrentar la violencia obstétrica? Tenemos las mejores leyes, pero se está velando para que se cumplan? E invitó al personal de salud a buscar soluciones y tocar puertas de instituciones para que las leyes se cumplan.

De la violencia sexual y de la violencia de medios

Por su parte, la abogada Linda Loaiza López Soto, activa defensora de los derechos de la mujer, expuso la existencia de la violencia sexual y psicológica, a partir de su caso personal ocurrido en 2001. Y el afán de alcanzar justicia, que prevalece en las sobrevivientes de este tipo de transgresiones a la dignidad humana.

Su caso fue el primero en decidirse en instancias internacionales que condenó al Estado venezolano por la violación de sus derechos de mujer y marcó jurisprudencia para otros casos en el mundo.

Consideró indispensable la educación para prevenir este tipo de violencia.

La especialista Mireya Rodríguez, ex diputada y asesora en gobiernos de América Central para el diseño de políticas en materia de géneros, analizó la violencia institucional y de medios. “Los Estados no solo están fallando en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres sino que son ellos mismos generadores de esa violencia y esto es muy grave que lo diga un organismo como AI”, expresó al comenzar su ponencia.

Ubicó la violencia institucional entre las 21 tipos establecidos en la Ley Orgánica que la define como la omisión de organismos de Estado y funcionarios, con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia y puedan ejercer sus derechos.

“Se trata de un problema interinstitucional”, y resintió la falta de estadísticas sobre el tema. “Lo que no medimos no existe y hasta que no tengamos las cifras consolidadas realmente se seguirá subestimando este problema tremendo”.

Llamó a trabajar de manera específica a la violencia política, un tema que está tomando auge en toda la región.

Sobre la violencia de medios de comunicación o difusión de mensajes o imágenes lesivas a la dignidad de la mujer, consideró que si bien estos cumplen el rol de canalizar información, también pueden alterar o distorsionar las costumbres y el comportamiento social. Y cuestionó el rol de las redes sociales, muchas veces con el uso del anonimato.

“Se ha normalizado que haya violencia y eso definitivamente es una distorsión en la calidad de las relaciones entre los seres humanos y siempre son las mujeres las más afectadas”.

Destacó que las mujeres políticas tienen un trato y cobertura mediática desigual y particularmente en campañas políticas, dejando de lado su experiencia y trayectoria política, por lo cual el impacto es negativo. “Eso obstaculiza aún más el fortalecimiento de la imagen de la mujer en el imaginario colectivo”.

Entre sus recomendaciones, solicitó convertir el potencial transformador de los medios y que estos asuman su responsabilidad en la determinación de los comportamientos sociales y apoyar así a las mujeres para que puedan ejercer libremente sus derechos en una vida sin violencia.