logo azul

El acoso continuado

Categorías

Opiniones

El acoso continuado

Con el propósito de restringir el derecho de TalCual a infor- mar, Hugo Chávez, Diosdado Cabello y otros personajes de la revolución bolivariana han utilizado el sistema judicial venezolano.

 

 

Son ocho las acciones judiciales en los 15 años de este rotativo, y todas se han enfrentado con dignidad y argumentos. Y con la nueva demandan ejercida por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, no será distinto.

 

 

En el recuento de las demandas se ve cómo los rojos tuercen la justicia y las leyes para lograr sus objetivos.

 

 
8 Este 21 de abril Cabello ejerció una nue-va acción legal contra  TalCual, es la se- gunda. Pretende afectar a El Nacional y LaPatilla.com, todo por replicar la noticia que publicó en exclusiva ABC de España sobre las declaraciones que dio Leamsy Salazar a la DEA de Estados Unidos. El exescolta del fallecido Hugo Chávez aseguró que Cabello lidera el cartel de drogas «los soles». Esa información fue repetida por la mayoría de los medios del país.

 
7 Cabello, en su primera acción legal re- corrió al tribunal 29 de Control de Caracas, a cargo de la jueza Bárbara Gabriela César Siero. Como en la reciente acción, el jefe de la AN fue contra la junta directiva de TalCual y el articulista Carlos Ge- natios, por presunta difamación agravada. Acordó medidas cautelares a los demandados.

 

 

Las medidas son la prohibición de salir del país y la presentación semanal ante el tribunal. Según el artículo 442 del Código Penal, la difamación mediante un documento o escrito difundido de forma pública puede ser castigada con dos a cuatro años de cárcel.

 
6 Una vez que TalCual fue solidario y publicó la foto de la morgue de Bello Monte que inicialmente divulgó El Nacional, se ordenó contra el diario una acción de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes intentada por la Defensoría Pública, de la cual conoció inicialmente el Juzgado 12 de sustanciación del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas.

 

 

En el petitorio de dicha acción, la Defensoría Pública y su adherente, el Instituto Autónomo para la Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes, solicitaron que TalCual se abstuviera de publicar imáge- nes de contenido violento, sangriento, grotesco, bien sea de sucesos o no, que de una u otra forma vulneren la integridad psíquica y moral de los niños, niñas y adolescentes (se asume que al ver el kiosco, porque lo otro sería responsabilidad de sus padres), sin cumplir con los extremos establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.

 

 

Pese a que nunca existió una demanda, la juez encargada del caso impuso la cancelación de una multa del 1% de los ingresos brutos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2009. Decisión que para el abogado defensor Humberto Mendoza D’Paola constituyó un fallo insólito que no se ajustó a lo alegado y probado.

 
5 La cobertura del asesinato del fiscal Danilo Anderson causó mucha incomodidad. Según Humberto Mendoza D’Paola, con medida cautelar no prevista ni regulada por ninguna ley, pero dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (con competencia exclusiva para conocer de los delitos vinculados con el terrorismo, secuestro, extorsión, asociados a paramilitares o guerrillas en todo el país), se ordenó a todos los medios, y específicamente a TalCual, no informar sobre el proceso seguido a raíz del atentado y muerte del fiscal. También se prohibió cualquier mención al «testigo estrella» Giovanny Vásquez que más adelante admitió haber mentido.

 

 

El representante legal señala que al no ser parte de esa investigación judicial, se declaró sin lugar en oposición a la medida.

 
TalCual recurrió a la Corte de Apela- ciones por medio de acción constitucional de amparo, la cual, como todas las demás, fue declarada sin lugar. La medida de restricción todavía pesa sobre los medios.

 

 

4 Esta vez TalCual y otros medios de co- municación fueron afectados por «infracción a la protección debida de adolescentes» en el caso de Roxana Ribero (soldados insubordinados de la plaza Altamira que aparecieron muertos en Parque Caiza).

 

Después de un largo proceso, aun cuando la presunta víctima alcanzó la mayoría de edad antes de la contestación del mismo y sin que ella hubiese ratificado la denuncia, nuevamente el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la acción de protección intentada por el Ministerio Público a instancia y el Consejo de Protección a instancia de la madre de Roxana, Edith Altuve Da Silva.

 

 

En esta oportunidad, los medios fueron condenados a pagar multas, y con la ratificación de la Corte de Apelaciones del Tribunal de Protección. Mendoza D’Paola recuerda que en estos casos no había recurso de casación ni de revisión legal. La multa se pagó por la cantidad de Bs 10.886,40.

 
3 El Cuerpo de Investigaciones Científi- cas Penales y Criminalísticas (Cicpc) investigó a TalCual y a su editor por se- ñalamientos a una funcionaria del Ministerio de Educación, por haber reseñado denuncias formuladas en su contra. Denunciar fallas en la administración pública se consideró algo indebido, aunque luego la señalada fue despedida. Después de que el abogado del periódico compareció en tres ocasiones ante el organismo policial, se ordenó el archivo del expediente.

 
2 El enero de 2006 el Consejo de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente del municipio Iribarren (Barquisimeto) del estado Lara abrió un procedimiento administrativo contra el diario, Laureano Márquez y Teodoro Petkoff, por un editorial donde hacía alusión a la hija menor del fallecido Hugo Chávez, firmado por el humorista y publicado el 25 de noviembre de 2005.

 

En este procedimiento se declararon sin lugar todas las defensas opuestas. El abogado de
TalCual, Humberto Mendoza D’Paola, dijo en su oportunidad que se actuó contra la resolución un recurso de reconsideración y el resultado fue el mismo, ratificando la orden de no nombrar por ningún concepto a la presunta agraviada; además de la imposición de una multa por infracción a la protección debida.

 

El pleito por la publicación de Laureano Márquez siguió. El acto administrativo del Consejo de Protección que agotó la vía administrativa fue recurrido a través del contencioso administrativo ante el Juzgado de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara, el cual en primera instancia desestimó de forma genérica los 31 argumentos de la defensa, y los condenó al pago millonario de una multa y la ratificación de la orden de prohibición de nombrar a la hija menor del fallecido Chávez. Esta sentencia fue apelada y su conocimiento correspondió al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Niños, Niñas y Adolescentes del estado Lara.

 

Como se ha convertido en norma, su decisión confirmó la multa impuesta, equivalente a diez meses y medio de ingreso mensual de los demandados y la prohibición de nombrar a la presunta afectada. Se multó tanto a Márquez como a
TalCual. El veredicto se ejecutó, y para evi- tar una ejecución forzosa (conversión de multa por cárcel), después de una entusiasta recolecta, los condenados cumplieron la sanción.Es decir, a esa señorita no se le puede mentar más nunca en estas páginas.

 
1 El 26 de septiembre de 2003, apenas al tercer año de exis-tencia del periódico, se hizo el primer intento de presionar económicamente, por la vía judicial a TalCual. Vicen- te Rosas (vinculado estrechamente al entonces presidente del Centro Simón Bolívar, José Vicente Cabezas) demandó por daños y perjuicios ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, tanto al periódico como a su director Teodoro Petkoff.

 

El monto pretendido por el demandante fue de Bs 3.380.000 por daños morales, presuntamente provocados por una nota publicada en la sección Por Mi Madre, en la cual hizo alusión a su persona relacionándolo con denuncias de corrupción en el Centro Simón Bolívar.

 

El juicio fue abandonado y posteriormente fue declarada su perención.

 

Editorial de Tal Cual
YOSSELYN TORRES/ KEILYN ITRIAGO

 

Comparte esta noticia:

Contáctanos

Envíe sus comentarios, informaciones, preguntas, dudas y síguenos en nuestras redes sociales

Publicidad

Si desea obtener información acerca de
cómo publicar con nosotros puedes Escríbirnos

Nuestro Boletín de noticias

Suscríbase a nuestro boletín y le enviaremos por correo electrónico las últimas publicaciones.