Son graves los alcances de la red de escuchas ilegales que se han venido descubriendo.

Son preocupantes, graves y reiterativos los escándalos por interceptaciones ilegales en Colombia. Con excesiva frecuencia se descubren organizaciones criminales que, aprovechando los medios modernos que ofrece la tecnología, desde distintos frentes se dedican a inmiscuirse indebidamente en la vida privada de las personas.

El más reciente tuvo su primer capítulo en Nariño el mes pasado, cuando fueron capturados tres exoficiales, los coroneles en retiro Carlos Pérez y Jorge Humberto Salinas y el mayor, también en retiro, Luis Mesías Quiroga, además de la que parece ser la pieza clave en este asunto, María Pinzón; ellos estarían utilizando la firma JHS Consultores como fachada para ofrecer estos servicios de escuchas sin autorización judicial.

Pero lo que aparentaba ser un asunto menor y circunscrito a una sola región pronto adquirió una trascendencia nacional. A medida que la Fiscalía fue avanzando en la investigación, encontró que esta red de chuzadas venía actuando en otros escenarios. Y muy diversos. Fue entonces cuando entró en escena el nombre del general en retiro de la Policía Humberto Guatibonza, quien, según cree la Fiscalía, desde su compañía HG Consultores habría incurrido en estas mismas conductas en asocio con la ya citada JHS Consultores. Lo cual sorprendió, toda vez que este oficial gozaba de reconocimiento en muchos sectores por sus éxitos cuando portó el uniforme, entre los cuales se destacan numerosas liberaciones de secuestrados.

Lo cierto es que la semana pasada, el escándalo tomó nuevos ribetes con la captura de Guatibonza –cuya suerte la definirá un juez este martes– y la revelación del testimonio de Salinas en el que se señala a reconocidas firmas y personajes de la vida nacional como supuestos clientes de su empresa.

Este es un delito que atenta contra el derecho a la privacidad; y no solo debe sancionarse, sino evitar su recurrencia

Es de esperarse que muy pronto se establezca la verdad sobre lo ocurrido: que a los testimonios revelados se les sumen nuevas evidencias para que los jueces puedan pronunciarse. Son todas acusaciones muy delicadas, y a estas alturas, cuando solo se conocen algunos testimonios e información acerca de lo sucedido, todavía muy incompleta, no queda sino subrayar lo sensible del tema –que, insistimos, no es nuevo– y lo importante y necesario de que se aclare sin dilaciones y se sepan a fondo todos los alcances que pueda tener esta red.

A lo anterior se puede sumar otro llamado: a que este sea el último escándalo de interceptaciones ilegales. Para ello es esencial que a partir de los resultados que arroje este caso se haga una profunda reflexión sobre los factores que facilitan que hechos así sean tan recurrentes en Colombia.

Bien vale plantear la pregunta de si existe en el país, en distintas esferas, una perversa cultura de la interceptación ilegal, proceder por supuesto inaceptable. Y es que, por lo visto, parece evidente que en diferentes niveles, con mucha frecuencia recurrir a esta opción está sobre la mesa. Y, lo que es peor, todo indica que en varios eslabones de la cadena hay personas dispuestas a hacerlo posible a cambio de dinero. Pero las escuchas ilegales son un delito que atenta contra el derecho a la privacidad y no solo debe sancionarse, sino evitar su recurrencia.

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