Como la dictadura no hace nada para combatir la corrupción, la Asamblea Nacional se ha encargado del asunto. Como los jueces y los tribunales de la república se hacen de la vista gorda ante los latrocinios del régimen, la representación nacional ha abierto averiguaciones que, de momento, han descubierto la actividad de dos delincuentes ocultos en la tupida madeja de las corruptelas maduristas.
Se trata del mayor general Carlos Osorio y Rodolfo Marco Torres, gobernador de Aragua. Desde sus elevados cargos, o a través del manejo descontrolado de CASA, Mercal y PDVAL, han llegado a la posesión de grandes fortunas provenientes de negociados ilegales. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional ha reunido evidencias suficientes para ventilar sus excesos y para pedir la colaboración de autoridades extranjeras en procura de justicia. Así lo ha comunicado el diputado Freddy Superlano, miembro de la referida comisión.
De acuerdo con los informes que maneja el Parlamento, Osorio y Torres han incrementado sus cuentas personales con importantes comisiones ilegales a las cuales acceden gracias a la colaboración de un enjambre de testaferros, muchos de ellos miembros de sus parentelas, hasta el punto de crear fondos millonarios que engordan sus caudales a costa del hambre del pueblo. Los datos son impresionantes, asegura el diputado Superlano, suficientes para provocar el interés de las autoridades extranjeras hasta llevarlas a mover sus cuerpos policiales y judiciales.
No se presenta el caso ante la justicia nacional porque la Asamblea Nacional presume, con sobrada razón, que no hará nada para juzgar y castigar a los delincuentes. Al contrario, los amparará con sus dictámenes, en el supuesto negado de que se atrevieran a sentar a los acusados en el banquillo. Pero tal posibilidad no existe en la república bolivariana, los jueces “revolucionarios” prefieren la persecución de los políticos, de los estudiantes que levantan la voz contra las atrocidades chavistas, de los miembros de los gremios que protestan en la defensa de sus derechos y de sus medios de subsistencia.
Pensamos desde aquí que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional actúa de manera responsable, y que llevará los casos de Osorio y Torres hasta sus últimas consecuencias. También pensamos que es la única manera de obtener justicia en un país dominado por mafiosos evidentes y por mercaderes de la peor laya.
Editorial de El Nacional
