La persecución laboral por razones políticas se ha profundizado en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista: 18 trabajadores fueron despedidos porque firmaron para el referéndum revocatorio, denunció Carmelo Sánchez, presidente del sindicato del Inces.

Recordó que el ambiente laboral se ha politizado mucho en la institución en  los últimos dos años con la presidencia de Wuilkelman Ángel Paredes. “Las autoridades han hecho obligatoria la asistencia del personal a las marchas y otros actos proselitistas del gobierno con la amenaza de aplicar sanciones a quienes no asistan. Es lamentable, porque antes eso era voluntario”, añadió.

El dirigente encabezó ayer la protesta de los trabajadores frente al Ministerio del Trabajo para reclamar la homologación de la convención colectiva, que ampara a 11.000 empleados y que fue firmada hace un año. “Con el pretexto de que no hay homologación, la patronal se niega a pagar los beneficios contractuales como el bono de producción, la prima por antigüedad y las horas extras, además de evadir la dotación de uniformes a los trabajadores”, dijo.

En las puertas del despacho del Trabajo, los manifestantes realizaron una actividad irónica: prendieron una vela a una torta y cantaron cumpleaños con motivo del primer año que lleva sin homologar la contratación colectiva, suscrita por las partes el 20 de octubre de 2015, luego de seis meses de negociaciones.

El sindicalista refirió que la inspectora del trabajo, Fabiola Zabala, los recibió pero les notificó que el despacho no había homologado el contrato colectivo porque el presidente Nicolás Maduro debe revisarlo y aprobarlo primero, condición que no está contenida en la Ley Orgánica del Trabajo.

Sánchez denunció el regreso de una práctica irregular en el Inces, la cual consiste en que las autoridades encargan a los funcionarios con especialidades profesionales y técnicas a dictar cursos y talleres a la población, pero sin pagarles los honorarios respectivos y bajo la designación de profesores técnicos voluntarios. “Para los trabajadores, esa etapa del voluntariado sin paga con los llamados instructores colaboradores fue superada”, insistió.

Asimismo, el sindicalista alertó sobre el tratamiento injusto a 700 choferes y vigilantes de la institución, a quienes les impusieron la jornada de trabajo de 24 horas corridas con 48 horas de descanso, pero solo les cancelan 7 horas. “Este horario es inhumano. Además, obligar a los conductores a estar tanto tiempo despiertos puede ocasionar accidentes graves de tránsito”, advirtió Sánchez.

El sindicato también plantea aumentar la cobertura de la póliza de HCM de 150.000 a 300.000 bolívares para cada trabajador.

Fuente: El Nacional