Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas desmantelaron una organización delictiva que se dedicaba a elaborar y comercializar placas grabadas con logotipos alusivos a diferentes entes del Estado.

Los grabados eran utilizados para cometer delitos y burlar la acción de los organismos de seguridad.

La información aportada por el comisario general José Gregorio Sierralta, director nacional del Cicpc, indica que las investigaciones se iniciaron luego de ser recibida una comunicación anónima en el correo denuncia@cicpc.gob.ve que fue procesada por la subdirección de la institución y asignada al Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado.

Los aprehendidos fueron identificados como Edwin Abad Acevedo Correa, de 42 años de edad; Inés María Rosas de Acevedo, de 51 años, y Edgar Felipe Acevedo Correa, de 52 años, a quienes le fueron decomisadas 1469 placas de identificación de diferentes organismos gubernamentales, 41 troqueles y dos máquinas troqueladoras utilizadas para realizar dichas placas, sin la debida permisología o autorización de los entes aludidos.

Los datos aportados por el denunciante señalaban que en el primer nivel de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, Plaza Caracas, municipio Libertador del Distrito Capital, se encontraban personas que comercializaban y vendían placas de identificación alusivas a distintos organismos gubernamentales, con la finalidad de hacerse pasar por funcionarios públicos y así engañar a las autoridades policiales y militares para cometer diferentes delitos, tales como: asaltos, ventas de droga y robo de vehículos.

“Luego de realizar investigaciones de campo, los pesquisas interceptaron a una persona identificada como José Alberto Blanco, de 39 años de edad, a quien se le exigió la autorización, documento o permisología emanada de las instituciones aludidas en las diferentes placas que vendía, negando ésta poseerlos, razón por la cual se practicó su aprehensión y el decomiso de 428 placas”, explicó Sierralta.

El director del Cicpc agregó que el detenido le dijo a los funcionarios que las chapas las adquiría en la empresa que las fabricaba, la cual estaba situada en la Segunda calle El Retiro de la parroquia Altagracia, municipio Libertador del Distrito Capital, lugar hacia donde inmediatamente se trasladó la comisión y procedió, amparada en el artículo 196º del Código Orgánico Procesal Penal, a la aprehensión de las tres personas presentes.

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