La presidente de la Comisión de Política Interior de la AN dijo que el proyecto no incluye nombres, pero tiene efectos particulares sobre trabajadores públicos, presos políticos, tuiteros, representantes de medios y exiliados.

La presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano (MUD), señaló que la Ley de Amnistía tiene efectos particulares. Dijo que el instrumento fue analizado en profundidad por un grupo de abogados bajo la dirección del consultor jurídico del Parlamento, Jesús María Casal, y se nutrió de todas las propuestas al Legislativo.

La diputada destacó que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional trata de detener la violación de derechos humanos. “Yo soy hija de un preso político de la mal llamada cuarta república que estuvo casi 16 años en la cárcel; siento que este es un karma. Venezuela no merece eso. ¡Ya basta! Quienes deben estar en prisión son los que roban, secuestran, nos matan, nos atacan. No los que piensan distinto”, aseveró.

Indicó que los expedientes han sido revisados meticulosamente y se han denunciado más de 3.000 casos de acoso laboral, a los que se suman los de los presos políticos, tuiteros, representantes de los medios de comunicación, exiliados y otros perseguidos.

Lamentó que el oficialismo se resista a apoyar la amnistía cuando Hugo Chávez pidió la mediación de la Conferencia Episcopal, en 1993, para los militares golpistas. Destacó que la impunidad argumentada por el gobierno se cumple en 98% de los crímenes que se cometen en el país.

—La Ley de Amnistía abarca a los perseguidos desde 1999. ¿Cómo se cumplirá?

No incluye nombres, pero hay artículos que es posible asociar con beneficiados y situaciones concretas. Hace muchos años hubo 20 ciudadanos que fueron detenidos dentro del Metro de Caracas por protestar, ellos están ahí. Los primeros presos políticos del chavismo son del año 2002, son unos muchachos que fueron detenidos por la GNB de El Paraíso; hay unos sexagenarios presos por usar las redes sociales; los muchachos de los campamentos, los exiliados políticos como Oscar Pérez, Oscar López y Eduardo Lapi, entre otros. También incluye a la juez María Lourdes Afiuni, a Iván Simonovis, a Henry Vivas, a Lázaro Forero, los policías metropolitanos; los muchachos de La Tumba, los jóvenes de Lara, de Aragua; el abogado Marcelo Crovato; representantes de los medios y periodistas perseguidos. Se me escapan miles porque son muchísimos. Esas personas no son un número, sino un ser humano con una historia.

—¿Cuántos ciudadanos serán beneficiados con la Ley de Amnistía?

Después de la elección presidencial de 2013 se verificaron situaciones de persecución y acoso laboral, atendimos más de 3.000 casos que hemos documentado, llevamos jurídicamente e incluso los tenemos en la Organización Internacional del Trabajo. Hay un caso de tres funcionarios de la Alcaldía del municipio Guaicaipuro que fueron destituidos porque alguien afirma que los vio en el acto de mi proclamación en Miranda; algunos trabajadores fueron destituidos de alcaldías y gobernaciones luego de las elecciones del 6 de diciembre de 2015 y también funcionarios de la Cantv, que se negaron a ir a la marcha por la supuesta privatización de la empresa; empleados del Seniat, que deben ser protegidos. Son casos concretos de la administración central, descentralizada y empresas del Estado. No son situaciones intangibles; está la Gente del Petróleo, más de un centenar de presos políticos, hay fiscales cuyo oficio de destitución dice que no tienen suficiente compromiso institucional con su filiación política.

—¿Qué va a pasar si el Ejecutivo se niega a aplicar esta ley?

El artículo 214 de la Constitución dice que una vez que la AN aprueba la ley, la mandamos al presidente, quien tiene 10 días para pronunciarse. Puede devolverla, no hacer nada con la ley o devolverla con observaciones, en cualquier caso el Parlamento puede promulgarla. En Venezuela no existe poder de veto presidencial sobre las leyes. Maduro también puede enviar la Ley de Amnistía al TSJ por un asunto de constitucionalidad, pero solo puede decir que tal artículo es inconstitucional y aprobaremos la ley igualito. No hay mecanismos constitucionales para impedir que se legisle sobre la amnistía.

—¿Además de la amnistía, cuáles son las prioridades de la Comisión de Política Interior?

Trabajaremos una ley para limitar las comunicaciones dentro de los penales y hacia afuera, porque la mayoría de los secuestros y extorsiones se hacen desde los centros penitenciarios. También la Ley de Depuración Policial y la del Servicio de Policía; la reforma del Código Orgánico Procesal Civil y de la Ley Orgánica de Fronteras, así como la Ley de Repatriación de Capitales de los dineros que provienen de la corrupción. Hemos enviado comunicaciones para solicitar la incorporación a las comisiones de derechos humanos del Estado y la Comisión contra la Tortura de la Defensoría, en las cuales debe participar la Asamblea.

Código Penal con parches

Delsa Solórzano consideró un descaro que la fiscal general Luisa Ortega Díaz haya pedido reformar el Código Penal cuando presentó su Memoria y Cuenta ante el Parlamento.

“Cada vez que hay una crisis, el gobierno siente un respiro lanzando un plan que no es tal o reformando el Código Penal o el COPP. El Código Penal lo han reforzado dos veces, pero además tiene varios parches porque hay más de 100 leyes penales. Las reformas han sido solamente para perseguir el pensamiento distinto y a los medios de comunicación social porque se han incrementado las penas de los llamados delitos de desacato que tienen que ver con la libertad de expresión”, señaló.

Sostuvo que el plan de emergencia para la seguridad ciudadana no depende solo de leyes, pero sí del funcionamiento del sistema de justicia, que se convoquen a concursos para jueces y fiscales, se devuelvan las armas a los organismos y se norme la coordinación policial. “Se requiere legislación, presupuesto y voluntad del Ejecutivo”, afirmó.

Solórzano puntualizó que no abandona la lucha anticorrupción, pese a que no pertenece a la Comisión de Contraloría. Anunció que pidió un derecho de palabra a Freddy Guevara, presidente de la instancia legislativa, para presentar el legajo que tiene sobre los ilícitos con los 25 millardos de dólares de Cadivi.

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