Los 385 ingresos a la morgue de Bello Monte en octubre y las 4.703 muertes violentas ocurridas, extraoficialmente, en lo que va de año en Gran Caracas, no son un hecho fortuito, sino la marca de la violencia que somete a una ciudad por sus cuatro costados y que se escurre como un problema de salud pública, coinciden expertos.

Se trata de una situación que ha obligado al Ministerio de Interior y Justicia a replantearse el servicio de medicina forense, con lo cual aspira transferir a los hospitales la ejecución de autopsias médicas legales, una práctica  que en Caracas está reservada a la Morgue de Bello Monte y en todo el territorio nacional se realiza en 54 medicaturas adscritas al  Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

La idea de delegar el servicio de medicina legal a los centros de salud no es nueva, pero  resuena nuevamente entre el personal de los hospitales, profesionales que ubican la escasez de insumos básicos en 95%.

A inicios de octubre, Néstor Reverol, titular de Interior y Justicia, planteó la necesidad de transformar las morgues de  los hospitales para que los patólogos investiguen desde allí las muertes violentas, sin necesidad de trasladar los fallecidos a las medicaturas legales.

El planteamiento surge en un contexto de crisis sanitaria, en el que la organización Médicos por la Salud reporta fallas en 89,23%de la emergencias, dificultades operativas en 80% de las terapias intensivas e inoperatividad en 41,5% de los pabellones del sistema público.

Earle Siso, director de Salud del Distrito Capital, cuyo despacho controla los hospitales más importantes del Área Metropolitana, advierte que para materializar el proyecto es necesario equipar a los centros con cavas, mesas de autopsia y toda la instrumentación; requerimiento al cual antepone la formación de especialistas.

Explica que solo la cartera de Interior y Justicia está facultada para emitir certificados legales de defunción; ningún sanatorio podría hacerlo.  Además de designar patólogos a cada centro, el proyecto exige tender lazos entre los ministerios Público, de Salud y de Justicia.

«Hay un déficit de anatomopatólogos que se debe a las condiciones de trabajo», afirma. Fuentes adscritas a la Sociedad de Medicina Forense precisan que el déficit supera el 60%. Aunque en noviembre de 2014, los ministerios de Salud e Interior convinieron formar 186 Médicos Integrales en el área forense, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, agrega que el personal no tiene pericia para firmar defunciones legales.

Siso además admite  fallas estructurales que mantienen paralizadas las salas de autopsias  en los hospitales, como ocurre en el Vargas, que perdió capacidad para procesar necropsias clínicas hace más de ocho años. Su director, Tirso Silva, explica que en lugar de un servicio de patología, necesario para determinar causas de muerte en enfermos, solo disponen de cavas para preservar los cuerpos.

Aporte académico

Silva asume el planteamiento de Reverol como una oportunidad para retomar las autopsias clínicas, que permiten profundizar en el manejo de algunas enfermedades y mejorar la formación académica.   Además de los asesinados, los protocolos indican que todo individuo que fallece en menos de 24 horas, sin una causa clara de muerte, requiere una necropsia.

Recientemente el personal de salud del Vargas denunció a través de videos las dificultades para conservar los cadáveres, muchos de los cuales llegan a un avanzado estado de descomposición». Silva responde al escándalo planteando el problema: «De las dos cavas de congelación, solo una está operativa. Y de las cuatro de conservación, dos están activas». En días pasados una comisión de Interior y Justicia acudió al lugar para hacer un diagnóstico, pero el proyecto no se ha concretado.

Dianela Parra, diputada a la Asamblea Nacional  y vicepresidente de la FMV, reitera que los hospitales no pueden investigar muertes por hechos punibles. «Es imposible eliminar las morgues, son de cumplimiento obligatorio y de compromiso internacional», afirma.
Al igual que Lídice, en la ciudad el Pérez de León II, en Petare, fungirá de centro piloto, informó su directora Zaira Medina. «Estamos conectando un punto de agua y haciendo remodelaciones. En tres semanas  iniciaríamos las necropsias», expuso e indicó que el personal será aportado por el Senamecf.

El diputado José Manuel Olivares, presidente de la subcomisión de Salud de la AN,  reitera que solo los forenses avalados por el Cicpc pueden hacer autopsias. «No es abrir un cadáver, son pruebas químicas, de balísticas». A su juicio, el Gobierno intenta atomizar las cifras de muertes en un país donde el Observatorio Venezolano de Violencia reportó una tasa de 122 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2015.

El Universal