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CP de Familia de la AN promoverá campaña preventiva contra consumo de alimentos tóxicos

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CP de Familia de la AN promoverá campaña preventiva contra consumo de alimentos tóxicos

 

Ausencia de control sanitario del gobierno agrava la crisis humanitaria en Venezuela

 

 

 

La presidenta de la CP de Familia de la Asamblea Nacional, diputada Mariela Magallanes, indicó que desde el mediados del año pasado se vienen reportando pérdidas de vidas por ingesta de alimentos no aptos para consumo humano, aseverando que “hasta julio de 2017 se registraron 31 fallecidos por ingerir yuca amarga en los estados Zulia, Lara, Trujillo y Anzoategui, sumándose recientemente Aragua con 6 niños y 2 adultos que perdieron la vida”

 

 

 

Magallanes destacó que este escenario es generado por la ausencia de control sanitario por parte de los entes competentes y la hambruna que padece el pueblo, siendo los más vulnerables, niños y ancianos, las principales víctimas de la crisis.

 

 

 

Anunció que desde la CP de Familia de la AN será promovida una campaña preventiva contra el consumo de alimentos tóxicos, como la yuca amarga, para educar a la población sobre sus características y fatales consecuencias, asumiendo así el rol de informar a la gente sobre los riesgos que su ingesta conlleva, responsabilidad que el ineficiente gobierno no asume, pues siempre evade el cumplimiento de sus funciones, dijo Magallanes.

 

 

 

Presentó en plenaria las denominadas “tetas” empaques de productos que son vendidos por gramos en las zonas más deprimidas del país y que han proliferado como medio de sustento para algunos y que constituyen el mercado de muchos venezolanos, dada la pérdida del poder adquisitivo, lo cual no alcanza ni para mantener a una familia de tres personas.

 

 

 

Puntualizó que las ventas ambulantes de alimentos son producto de la necesidad de subsistir del venezolano para tratar de resolver la carencia económica aunada a la situación de crisis humanitaria que se agrava por la ausencia de control sanitario, muestra de que el Estado no garantiza el desarrollo integral de la familia como lo establece la Constitución.

 

 

 

La parlamentaria denunció además la explotación laboral a la que están siendo sometidos trabajadores de empresas de empaque de Pdval, mujeres en su mayoría, quienes no reciben pago en metálico sino que son chantajeados con la adquisición de una bolsa de comida, humillación y extorsión que soportan para llevar un poco de sustento a sus familias, así como también el reprocesamiento de alimentos vencidos por parte del gobierno para ser distribuidos por sus políticas de sometimiento ciudadano.

 

 

Nota de Prensa

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