La decisión del Gobierno de meter la “lupa” en la dirección de Mercado Interno del Menpet, más aún a las plantas de llenado de combustible —Bajo Grande, El Vigía y San Lorenzo—, y en la dirección ejecutiva de Pdvsa Occidente hizo explotar la “bomba” en el corazón de la industria petrolera: el contrabando de gasolina hacia Colombia tenía la venia del mismísimo ministerio en el Zulia.

Fuentes relacionadas con la investigación informaron a este rotativo que “el desvío de camiones oficiales de las rutas de despacho, entradas ilegales en Colombia y hasta el uso de embarcaciones de Pdvsa para llevar el combustible alterando su capacidad original, pero con autorizaciones fue lo que llevó al Gobierno a realizar las averiguaciones pertinentes”.

En el caso de Gladys Parada, exdirectora de Mercado Interno del Menpet, detenida desde el pasado viernes 30 de enero, salió a relucir que en 2010, efectivos de la GNB capturaron el remolcador “El Poderoso V”, propiedad de la firma Cargueros del Caribe, CDC. La defensa exhibió cartas de la directora de Mercado Interno en las que se asegura que la capacidad de carga de 246 mil litros de combustible era la original, pero en su lugar de destino solo se despachaban 150 mil litros.

Dos años después, el actual diputado ante la AN, Freddy Paz, denunció cómo una gandola, tipo cisterna de capacidad de 38.000 litros, rotulada con colores de Pdvsa y con placa A82AB8K, destruyó un puente fronterizo en el sector El Caño, del municipio Catatumbo.

“Las gandolas de Pdvsa no tienen que pasar por esa ruta (…) porque por allí se transita hasta Colombia. Los habitantes denuncian que todas las noches pasan muchos de esos vehículos cargados y luego regresan vacíos. Pedimos mano dura a estas mafias que se llevan el combustible porque están involucrados la gente de Pdvsa y el Ministerio”, recalcó en esa oportunidad.

En Bajo Grande también se detectó “que algunos choferes desactivaron los sistemas de ubicación (GPS) para cambiar sus rutas hasta Colombia y la vendían directamente el producto a los ‘bachaqueros”, dijo la fuente.

Y es que las cifras oficiales de Pdvsa demuestran que en Venezuela el 85% del contrabando de extracción de combustible se va por el Zulia y Táchira. Se estima en 100 mil barriles día la fuga de carburantes del país. De hecho, el exembajador Pavel Rondón, experto en temas fronterizos, estima que el 60% de lo que se va vía contrabando del Zulia es combustible.

Paradójicamente, en 2008, el Ejecutivo creó la Ley Orgánica de Reordenamiento de Mercado Interno de los combustibles líquidos y en esta se constituyó la filial Pdvsa Empresa Nacional de Transporte, S.A. (ENT), con “el objetivo de garantizar el transporte de combustibles líquidos para satisfacer la demanda del mercado interno en todo el territorio nacional”.

“La finalidad de la Ley era poner orden en lo que al despacho de la gasolina y bajar los altos índices de contrabando (…) porque las gandolas estaban en manos de empresas privadas y eso facilitaba la corrupción. Entonces, se decidió que el Menpet y Pdvsa tomaran el control de los despachos con una flota exclusiva, pero el contrabando siguió. Incluso, en 2010, la cifra de producción se elevó hasta 315.000 bpd”, comentó el analista Jesús Lobo.

 
Voceros de las cooperativas de transporte de gasolina, en calidad de anonimato, indicaron a este diario, que en reiteradas oportunidades denunciaron ante las autoridades competentes del Menpet y Pdvsa, la última vez en 2013, que los camiones oficiales descargaban sus despachos a los “bachaqueros”, en zonas aledañas a trochas que conectan el municipio Guajira con Maicao.

“Allí se les dijo que en los llenaderos habían muchas irregularidades. Las unidades salían sin guías de movilización, pero con todos los permisos y autorizaciones firmadas. Luego, se desviaban de la ruta y llegaban a zonas aledañas a Maicao o Cúcuta. Otros llegaban hasta Santa Cruz y descargaban a los contrabandistas”, comentó.

 
El analista José Sangronis calificó de “positivo” el trabajo que “se viene realizando para acabar con la corrupción dentro de Pdvsa y el Menpet. Las detenciones traerán mucha tela que cortar porque todo forma parte de una red donde deben estar involucradas cientos de personas. En 15 años no se había visto nada parecido en el Occidente (…), pero tiene que hacerse porque estas irregularidades le hacen mucho daño al patrimonio del Estado”.

Fuente: Panorama