La Comisión Permanente de Política Interior, de la Asamblea Nacional, abrirá una investigación en torno a la masacre de Cipraca, en el Estado Bolívar, donde fueron masacrados 18 mineros, durante un operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pasado sábado 10 de febrero.

La diputada Delsa Solórzano (Unidad/Miranda), presidenta de la citada comisión, adelantó que se procederá a remitir citaciones formales a los responsables por parte del Ejército venezolano, así como dirigir comunicaciones al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y demás organismos que corresponda.

Dijo que una ocasional falta de respuesta los haría incurrir en denegación de la justicia. «El caso irá a la Corte Penal Internacional (CPI) y engrosará el expediente que se ha venido recabando y será llevado a muchas instancias internacionales», afirmó.

Precisó que hay un problema en Venezuela con el tema de la minería ilegal que es innegable y el único responsable de eso es el Estado venezolano cuya solución es “matar a la gente”.  “¿Quién dijo que en Venezuela existe el derecho a matar por parte de los funcionarios policiales? ¿Quién dijo que la ejecución extrajudicial es un derecho de cualquier funcionario?, sentenció la parlamentaria quien además acusó que «el oro es un negocio que sólo ha traído muerte y destrucción» y el Estado venezolano en esta oportunidad asesinó a 18 venezolanos», subrayó.

Advirtió que por eso es por lo que le tienen miedo a esta Asamblea Nacional (AN) porque quieren silenciar las voces de aquellos que se dedican a investigar masacres como ésta para que no queden impunes.

«Le tienen miedo a que digamos la verdad y sobre todo le tienen miedo al pueblo a que tenga un lugar a donde ir, porque el pueblo siempre puede venir a esta Asamblea Nacional, porque aquí haremos todos los esfuerzos para que se protejan sus derechos, incluso, luchando contra un gobierno que no quiere darnos derechos, ni siquiera el derecho al sufragio», manifestó.

NP