No hay duda alguna. Hay que salvar a Citgo de pasar a manos de los acreedores. Tampoco hay duda de quién es el responsable de que uno de los más grandes activos que tiene el país pueda perderse. Nunca debió pasar. El régimen nunca debió empeñarla a cambio de dinero.

Y no se puede decir que eso ya es agua pasada debajo del puente porque lo que hicieron puede traer terribles consecuencias para el país. En 2016 la Asamblea Nacional condenó la transacción y advirtió lo que podía suceder, lógicamente que el régimen hizo de oídos sordos.

Citgo fue adquirida en 1986 por la antigua fuerte y prometedora Pdvsa para tratar de penetrar el mercado de Estados Unidos. Desde entonces se fue consolidando como parte de la economía de ese país con la generación de empleos directos e indirectos y como un activo importante y apetecible.

Obviamente, por eso es que los bonos Pdvsa 2020 tuvieron éxito en el mercado y significaron para el régimen un aliviadero importante en su momento. ¿Pensaron que no podrían pagar a los tenedores de los papeles y pondrían en riesgo la propiedad de Citgo? Lo más seguro es que no, que ni siquiera les importa.

Y muchos menos ahora, cuando se ha convertido en el principal respaldo financiero que tienen Juan Guaidó y la oposición. Es por eso que el experto petrolero venezolano Francisco Monaldi afirma que de perderse Citgo, Maduro ganaría.

No van a mover un dedo para pagar los 913 millones de dólares que deben entregar a los tenedores de bonos a más tardar el 27 de octubre. Primero, porque no los tienen. Segundo, porque no les conviene, desde que un tribunal de Estados Unidos le cedió Citgo a Guaidó como presidente encargado.

Cuando Ricardo Hausmann afirma que la presidencia interina está preparada para defender a Citgo en los tribunales, hay que creerle y agradecerle que así sea. La causa opositora tiene entre sus filas a brillantes abogados que pondrán su mejor esfuerzo para salvar la inversión venezolana.

Pero, hay que insistir, nunca se debió llegar a esta situación. La ilegalidad de poner a Citgo como garantía fue manifestada en el momento oportuno por el Parlamento y como único poder legítimo del país, su palabra es la que cuenta.

Esperemos no tener que depender de una orden de nulidad del gobierno de Donald Trump.

Editorial de El Nacional