Lo que está pasando en Perú pone en juego la gobernabilidad de ese país. Solo se mantiene con cierta normalidad porque son las instituciones las que están actuando, como debe ser, de manera independiente. Eso es lo que debe pasar cuando en un país democrático se señala al presidente de algún error cometido en la administración del Estado. Pedro Castillo tiene en estos momentos a la mayoría en contra y cinco procesos judiciales abiertos.

Las últimas encuestas afirman que 76% de los peruanos desaprueba el año de gestión de Castillo, que fue proclamado presidente por un mínimo margen y después de un balotaje en julio de 2021. Es el primer mandatario “de izquierda” de ese país, pero al parecer lo que han visto los peruanos en estos meses los ha hecho reconsiderar su escogencia.

Acaba de renunciar el primer ministro, Aníbal Torres, “por razones personales”; pero apenas había asumido el despacho en febrero de este año. Castillo promete un nuevo gabinete, porque de los originarios que formaron gobierno con él una vez fue elegido quedan muy pocos. Para integrarlo, el jueves hizo un llamado a todos los partidos que quieren el bien de Perú. Vamos a ver si logra sortear este vendaval político.

El propio Congreso peruano ha intentado dos veces destituirlo, pero no lo ha conseguido. Es un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo bastante sui generis, pues el parlamento también tiene 79% de desaprobación, de acuerdo con la encuestadora Ipsos. Así que el terremoto político apenas está tomando una pausa, pues esto augura más movimiento.

La que tampoco parece amainar es la tormenta judicial: el hombre del sombrero, el de origen campesino que levantó tanto entusiasmo porque muchos peruanos se identificaban con él, ha sido acusado de corrupción en cinco casos diferentes. Apenas el jueves acudió a la Fiscalía para declarar en el de los ascensos militares irregulares. De acuerdo con lo que han investigado en el Ministerio Público peruano, al menos 8 de los coroneles ascendidos habrían pagado 20.000 dólares y los propios escoltas de Castillo recogieron el dinero.

Por supuesto que el presidente se defiende y sostiene su inocencia sobre este y los otros casos, como el tráfico de influencias para contratos de construcción o compra de combustible, pero la Fiscalía está dispuesta a llegar al fondo del asunto aunque sea el mandatario el primer sospechoso. Allá en Perú no están con miramientos, si un alto funcionario comete un delito y hay pruebas, se le abre una investigación.

Un presidente que alzó la bandera socialista en la campaña electoral, que se enfrentó al fujimorismo (Keiko Fujimori) y lo venció, aunque por poco, pareciera que no podrá mantenerse en pie porque son las mismas instituciones del Estado las que le tienen el ojo encima. Cualquier movimiento que haga, si se resbala, será puesto contra la pared. Y eso que apenas tiene un año en la presidencia. Los que celebraron un gobierno de izquierda en Perú seguramente no pensaron que se lo pondrían tan difícil. ¿Para cuándo quedan los cambios prometidos y la justicia social tan anhelada y cacareada?

Editorial de El Nacional