El Ministerio de Alimentación aseguró el 1 de abril de 2014 que el registro biométrico permitiría el sistema de abastecimiento seguro. El plan contó con la instalación de 156 puntos de atención en las redes de alimentos del Gobierno nacional, Mercal, PDVAL y Bicentenario. Se afirmó que facilitaría el acceso a los productos, evitando las irregularidades con la compra.

Seiscientas setenta y ocho máquinas registrarían las cédulas, huellas y datos de los compradores. La cooperación de CANTV y CNE permitió la conexión y recolección de información socioeconómica de los usuarios de las cadenas socialistas. Tras la medida, tres meses después, en Zulia se instalaron captahuellas en supermercados privados para “enfrentar el bachaqueo” por la salida rápida e irregular de productos.

La Gobernación del Zulia, en coordinación con la Asociación Zuliana de Supermercados y Automercados Afines (Azusa), ideó restricciones para controlar las ventas y evitar las reventas en mercados informales e identificar quiénes tienen mayor frecuencia por sospechas de contrabando.

La implementación avivó las colas en las tiendas. Se afinaron las restricciones a la cantidad de productos regulados y de primera necesidad. Veintitrés rubros en diferentes presentaciones pasaron a supervisión directa. Mediante una política de seguridad agroalimentaria se prohibió la reventa, decisión que tocó los tarantines de los buhoneros y los comercios informales, pero no esfumó las intenciones por lo atractivo de “ingreso fácil”, destacó en un análisis Rima Rujano, trabajadora social.

Andrés Eloy Méndez, superintendente nacional de la SUNDDE, ordenó desaparecer las colas de los supermercados, activar todas las cajas registradoras y declaró “la guerra” contra los retrasos en las tiendas. Amenazó: “Si nos toca tomar una medida de ocupación y demostrar que las colas, con un trabajo eficiente, no son necesarias, lo vamos a hacer”.

Boris Ackerman Vaisman, jefe del departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar, consideró que la política de control a los mercados privados, aunque funcione la conexión del sistema biométrico, no garantiza la colocación de alimentos “porque el problema es de fondo y estructural. El fin de la escasez no es el captahuella”.

Advirtió que la realidad técnica del sistema biométrico, con funcionamiento eficiente, y la instalación de 20 mil máquinas no son la solución al desabastecimiento de productos ni terminan la “voraz colectiva que tiene la economía”. La “grave distorsión” está en la falta de producción y el diferencial de precios.

Por Yasmín Ojeda / Maracaibo / yojeda@laverdad.com

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