El Congreso de los Diputados aprobó este jueves un decreto que liberaliza la contratación de estibadores en España, dos meses después de que rechazara una primera reforma del sector, mientras los sindicatos amenazan con una huelga.
El decreto ley, publicado el 12 de mayo por el Consejo de Ministros, recibió luz verde de la Cámara Baja, con 174 votos a favor, 165 en contra y ocho abstenciones.
Ahora debe ser aprobado por el Senado, donde el Partido Popular (PP, derecha) del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene mayoría absoluta, lo que augura su éxito.
En marzo, un primer texto de reforma había naufragado al recibir 142 votos a favor, 175 en contra y 33 abstenciones, lo que significó el primer revés de envergadura para Rajoy, que gobierna en minoría, con 133 de los 350 diputados.
El decreto busca poner fin al sistema de contrataciones actual, que obliga a las empresas españolas o extranjeras que requieran de trabajadores portuarios a pasar por sociedades que las obligan a reclutar prioritariamente entre los 6.000 estibadores que ellos emplean.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea juzgó en 2014 esta obligación contraria a la libertad de establecimiento. El nuevo texto hace facultativo el recurrir a las sociedades, mientras que empresas y sindicatos tendrán que negociar en cada puerto las condiciones de trabajo.
Para los contratos que no pasen por estas sociedades, las condiciones de trabajo serán negociadas según la escala de cada empresa, tal y como quedó establecido como regla general en la reforma de trabajo de 2012 acometida por el PP. Por otro lado, el texto exige una formación específica para los trabajadores portuarios.
Pero los principales sindicatos de los puertos, que deseaban que la contratación prioritaria continuara garantizada por ley, amenazan con una huelga desde el 24 de mayo. A partir de esa fecha, los huelguistas trabajarán un día de cada dos y en horas alternas.
«Con la excusa de aprobar el decreto, le pasan el problema a los empresarios y sindicatos», declaró a la AFP Israel Ruiz, portavoz de la sección marítima-portuaria del sindicato UGT.
La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés) denunció en un comunicado que la reforma es una medida «cínica de partidos políticos a los que no les importa el efecto que tendrá en los seres humanos que trabajan en estos puertos».
AFP
Por Confirmado: Gabriella Garcés
