La Asamblea Nacional acordó elevar la denuncia de la desatada política de segregación y estigmatización de los venezolanos retornados que han sido calificados como “bioterroristas” por el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) y demás entes que componen la justicia internacional, e igualmente declarar a Nicolás Maduro y a su régimen como causantes del éxodo masivo de venezolanos y violadores sistemático de los Derechos y la dignidad humana de los ciudadanos que buscan regresar al país.

En consecuencia, el régimen de Nicolás Maduro Moros con estas acciones ratifica su carácter de régimen forajido y violador de los derechos humanos de los venezolanos contenidos en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que forma parte de los “Principios de Ius Cogens”, específicamente en los Artículos 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13, 15 y 25.

De igual forma, piden a los países de la región receptores de migrantes y refugiados venezolanos, a evitar la puesta en práctica de políticas dirigidas al aumento de restricciones migratorias, tales como: “despidos generalizados, así como acciones de desalojo; y prácticas xenofóbicas, -actitudes que se han magnificado en estos tiempos marcados por la pandemia de COVID-19-, lo cual profundiza la situación de vulnerabilidad de los conciudadanos”.

El diputado Marco Quiñones, presidente de la Subcomisión Especial de Atención a Exiliados de la AN, presentó el Proyecto de Acuerdo en rechazo a la criminalización de los venezolanos que retornan al país por parte del régimen de Nicolás Maduro ante la Cámara Legislativa, y señaló que debido a la pandemia del Covid-19, miles de migrantes venezolanos intentan regresar a Venezuela, a través de los vuelos humanitarios y denunció que la dictadura se los impide

A su vez, alertó que el régimen desata una campaña de “estigmatización nefasta”, en la cual han sido capaces de catalogar a los connacionales retornados como “armas biológicas”, según su criterio “para tratar de buscar un culpable por el aumento de las cifras del virus en el país”.
Retornar al país de origen no es un crimen

Seguidamente, el parlamentario pidió la autorización del presidente Juan Guaidó para otorgar el derecho de palabra a David Smolansky, Comisionado del Secretariado General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, aseveró que cualquier ciudadano tiene derecho a regresar a su país de origen, sin embargo denunció que en Venezuela este derecho está siendo “vulnerado y desconocido” por parte del régimen ilegitimo de Nicolás Maduro.

Afirmó que esos ciudadanos venezolanos están hacinados en albergues los estados fronterizos de Apure, Bolívar y Táchira, donde no se cumple ningún protocolo de distanciamiento social, no les garantiza las tres comidas diarias. Además, denunció la extorsión que comete los funcionarios de la Guardia Nacional, quienes ilegalmente cobran en pesos colombianos o en dólares a los retornados para trasladarlos a otras ciudades del país.

Esto es consecuencia, “de una política sistemática y generalizada por parte del régimen de Nicolás Maduro de estigmatizar y criminalizar a categorizar a los venezolanos que quieren regresar a Venezuela como “bioterroristas”, según lo documentado por la oficina del Comisionado del Secretariado General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

Responsabilizó a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, Remigio Ceballos, Freddy Bernal y Lisando Cabello, quién éste último, propuso que estas personas “deberían pasar la cuarentena dentro de celdas, proporcionándoles un trato equivalente al de personas privadas de la libertad”. Por el contrario, aclaró que “estás personas tienen el derecho legítimo de regresar a su país de origen, derecho del cual son sujetos como nacionales venezolanos, y por lo cual no representa ningún crimen”.

Así como también recordó que Freddy Bernal, dirigente político en Táchira designado por el régimen, estableció que se marcarían las casas para señalar quienes presuntamente violaran los “controles” dispuestos para restringir el paso de los connacionales.

“Estas aseveraciones son que pueden traducirse en acelerar genocidios o empezar genocidios. No podemos normalizar la criminalización ni estigmatización de los venezolanos que regresan al país, porque eso es un derecho y más aún cuando lo hacen en tiempo de pandemia”
Smolansly precisó que hay más de 1000 venezolanos varados en Estados Unidos; 700 en España, 600 en Chile; 500 entre Panamá y Costa Rica y 50 en México.

Afirmó que los conciudadanos retornados y quienes no han podido retornar a Venezuela, son víctimas de “tratos crueles y degradantes”, que afectan notablemente su integridad física, emocional y psicológica.

Culpó a la dictadura de Maduro de cerrar el espacio aéreo venezolano para que los venezolanos puedan retornar por razones humanitarias en plena pandemia, sin embargo, denunció “que deja abierto el espacio aéreo para actividades ilícitas como el contrabando, minería y el narcotráfico”.

Smolansky, advirtió que el foco contagio del virus pudo venir de Irán, pues desde que la pandemia se agudizó en Venezuela, han llegado 17 vuelos procedentes de ese país que tiene al menos de 25 millones de personas con coronavirus.

“Por varios vuelos y buques iraníes que han venido a Venezuela hoy los altos jerarcas del régimen están contagiados de covid-19”, alertó.

Exigen cese de restricciones para los retornados

Por su parte el diputado Ezequiel Pérez, exhortó al régimen venezolano quitar las restricciones de retorno al país y permitir la entrada de migrantes venezolanos al país, cumpliendo con el protocolo de seguridad de la OMS y la aplicación de la cuarentena correspondiente en condiciones de respeto a la dignidad humana.

Explicó que los venezolanos que retornan al país por caminos irregulares lo hacen en medio de la desesperación. El régimen abre la frontera tres días a la semana para permitir la entrada de solo 300 personas.

Ante la falta de garantías que los nacionales venezolanos enfrentan para retornar a su país, dijo “que algunos se han visto en la urgencia de ingresar a través de pasos irregulares de frontera, atravesando trochas, situación que representa un inminente riesgo para la integridad las personas, toda vez que son sectores en los cuales diferentes grupos armados ejercen control territorial”.

Por último, el diputado exiliado Rosmit Mantilla, pidió a la Asamblea Nacional, rechazar enérgicamente las acciones del dictador Nicolás Maduro, prófugo de la justicia internacional, “quien hoy se atreve a insultar la dignidad de nuestro pueblo”, refiriéndose a catalogar a los nacionales retornados como “armas letales”, cuyo término debe ser denominado es para el régimen que ha provocado el desplazamiento forzoso de más de 5 millones de venezolanos por toda América Latina, “sufriendo las penurias del exilio”.

“Las armas letales son la ineficiencia, corrupción, persecución, narcotráfico, migración, violencia, extorsión”, fustigó el parlamentario, quien también repudió que el régimen de Nicolás Maduro, solo permita vuelos para el narcotráfico y no para buscar a venezolanos varados en los aeropuertos de otras naciones.

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