Presentación del informe sobre represión en Venezuela de Amnistía Internacional en Caracas, el 20 de enero del 2018. [Foto:Álvaro Algarra]
Amnistía Internacional (AI) pidió a las Naciones Unidas tomar medidas para investigar las violaciones de derechos humanos en Venezuela ante la impunidad que existe en el país frente a estos crímenes.
Las fuerzas de seguridad del estado, bajo el mando del presidente en disputa Nicolás Maduro, reprimieron crudamente una serie de manifestaciones que tuvieron lugar en varias ciudades del país entre el 21 y el 25 de enero, de acuerdo con la organización.
Según el informe, los residentes de barrios pobres fueron quienes se vieron más afectados por la violencia estatal.
El gobierno de Maduro se “está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, en un comunicado.
De acuerdo con AI, al menos 41 personas murieron durante las protestas y más de 900 fueron detenidas de manera arbitraria.
Las ejecuciones extrajudiciales, llevadas a cabo por las FAES –las fuerzas especiales de la Policía Bolivariana– afectaron en particular a personas de escasos recursos, quienes fueron luego presentadas como delincuentes que murieron en enfrentamiento con la policía, de acuerdo con la organización.
La mayoría de las detenciones sucedieron el 23 de enero, el día en el que el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó como presidente interino, provocando numerosas manifestaciones contra el gobierno en disputa.
«La justicia venezolana parece tener por regla abandonar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Las pocas personas que vencen el miedo y denuncian se encuentran indefensas y en riesgo ante la falta de respuesta de las autoridades», dijo Guevara en el comunicado.
Por esta razón, Amnistía hace un llamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que cree un mecanismo de investigación independiente para Venezuela y a la comunidad internacional a explorar “el ejercicio de la jurisdicción universal” como alternativa para que las víctimas puedan conseguir justicia.
«Grave deterioro»
Para Guevara, quien presentó junto con otros miembros de AI el informe en Carcas, desde el 2016 se ve el «grave deterioro en el que vive la población» en Venezuela.
En entrevista con la Voz de América, la activista aseguró que en el país el «85% de la población vive en la pobreza» y que «negar la crisis es de por sí una violación a los derechos humanos».
«Al no reconocer la crisis no se buscan los mecanismos apropiados para recibir cooperación internacional», dijo Guevara, quien hizo un llamado al gobierno de Maduro a que «acepte la cooperación internacional» y garantice las vías para que la ayuda humanitaria llegue a las personas mas necesitadas.
El gobierno de Estados Unidos, en colaboración con los gobierno de Colombia, Brasil y Curazao, ha enviado más de cientos de toneladas de ayuda humanitaria a las fronteras de Venezuela. Sin embargo, la entrada de estos insumos ha sido bloqueada a instrucción del presidente en disputa.
