El expresidente peruano Alan García se puso a disposición de la fiscalía de lavado de activos que lo investiga por corrupción, tras abandonar la embajada uruguaya en Lima luego que este lunes Montevideo le negara el pedido de asilo.
“Estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan”, indicó García en una declaración leída a periodistas por su secretario Ricardo Pinedo, en su primera reacción pública.
El exmandatario permaneció durante 16 días en la embajada uruguaya, donde solicitó asilo “ante la inminencia de una orden de detención”. El pedido fue rechazado por el gobierno de Uruguay tras revisar la documentación entregada por Lima y por el solicitante.
En su declaración, García afirmó que espera “que sean ajenas a la verdad las versiones sobre una detención arbitraria”.
“No existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras”, sostuvo.
El canciller peruano Néstor Popolizio precisó que el expresidente “puede circular libremente por el país”, y que continúa el “impedimento de salida por 18 meses”.
García pidió asilo el 17 de noviembre luego de que la justicia peruana le prohibiera salir del país, al ampliar una investigación por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el metro de Lima durante su segundo mandato.
Aunque alegó ser “perseguido político”, su versión fue desmentida por la justicia y el gobierno peruano.
Peruvian President Alan Garcia speaks to the media during the inauguration of the first section for the electric train in Lima on July 11, 2011. AFP PHOTO/ERNESTO BENAVIDES (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)
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Uruguay dice no al asilo
Más temprano este lunes, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, había anunciado que su gobierno rechazó el pedido de asilo presentado por García.
“En Perú funcionan autónomamente los tres poderes del Estado y es el Poder Judicial que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos” del exmandatario, y por “consideraciones estrictamente jurídicas y legales (…) no concedemos el asilo político al señor Alan García”, dijo Vázquez en rueda de prensa junto al canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.
“Había que dar una respuesta rápida”, señaló el mandatario, que se apoyó en la lectura de tratados de derecho internacional público para fundamentar su argumentación.
De su lado, el presidente peruano, Martín Vizcarra, reaccionó: “En el Perú nadie tiene corona. Nuestra democracia garantiza la independencia de poderes y el debido proceso”.
El canciller uruguayo Nin Novoa recordó que García inició el trámite de pedido de asilo en base a la Convención de Caracas de 1954, y leyó uno de los artículos de ese tratado en el que, remarcó, se señala que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas” ante tribunales ordinarios competentes por “delitos comunes”.
El expresidente peruano es sometido a una investigación preliminar de la fiscalía pero aún no es un procesado.
El gobierno uruguayo considera que “no (se) constituye persecución política tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos durante sus dos gestiones”.
Peruvian former president, Alan Garcia, arrives at the prosecutor office in Lima on November 15, 2018. – Garcia was called as a witness as part of the Odebrecht investigation but the hearing was cancelled at the last minute. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)
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Ley y tradición
Vázquez, en su lectura, explicó que Uruguay estaba obligado por ley y tradición a
concederle el refugio político provisorio a García hasta tanto no decidiera definitivamente sobre su demanda.
El mandatario mostró el expediente de “más de mil hojas” que le fue enviado por las autoridades peruanas para argumentar contra la concesión del asilo.
Tras conocer la decisión, el expresidente socialdemócrata peruano abandonó la embajada de Uruguay en Lima.
La semana pasada la fiscalía peruana le abrió a García una nueva investigación por supuestas irregularidades en otra licitación pública.
Según la fiscalía, el entonces presidente García y otros 21 funcionarios conspiraron para “facilitarle” a la empresa holandesa ATM Terminals que ganara en 2011 la concesión de la Terminal Norte del puerto del Callao, vecino a Lima.
Por el escándalo de Odebrecht en Perú también están bajo la lupa de la fiscalía los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, así como la opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace un mes.
AFP
