Hugo Chávez derogó la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia también llamada «Ley Sapo» porque no quería «obligar a las personas a delatar a otros» con la amenaza de la prisión. Pero Nicolás Maduro no heredó ese escrúpulo de su padre, creó una figura que hace retroceder al Poder Judicial a la época de la Santa Inquisición y las dictaduras de nazismo alemán y el franquismo español. En Venezuela, en pleno siglo XXI, todos pueden ser acusados por los «patriotas cooperantes».

Chávez, el 7 de junio de 2008 lo explicó: «yo no puedo obligar a Mario Silva (…) ponte tú que yo te llame, que sea un jefe policial, te siente y te diga: aquí está una foto tuya con esta persona, y a esta persona la estamos investigando, tú conoces a esta persona y tienes que decir esto y esto.

Como yo soy ’órgano de seguridad’ tú te conviertes en ’órgano de apoyo’, porque es lo que dice aquí (la ley). Si tú me dices: no, ese es mi hermano o esta es mi mujer y yo no puedo. ¿Entonces, si él se niega a cooperar lo vamos a meter preso? No, no, no.

Eso es una extralimitación», dijo al referirse a uno de los suyos, al conductor del programa La Hojilla de VTV.

Lo que Chávez llamaba «extralimitación», se convirtió en una práctica común para apresar a dirigentes de la oposición en el madurismo. Está el caso de Antonio Ledezma, preso en Ramo Verde desde el mes pasado. El teniente coronel retirado, José Gustavo Arocha Pérez, detenido en mayo de 2014 en el Sebin, señaló al alcalde metropolitano de planear un golpe de Estado. Esa es la principal prueba de la Fiscalía General para acusarlo.

El abogado de Ledezma, Omar Estacio, manifestó que tras seis meses de prisión y torturas lograron la declaración.

Las fuentes o los «sapos» tienen distintos roles, según la conveniencia. El patriota cooperante que envía chismes de la oposición es el más promovido por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa nocturno Con el mazo dando, que transmite el canal estatal Venezolana de Televisión. Ahí revela las «pugnas» de los partidos de la Mesa de la Unidad.

El objetivo del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela es que los dirigentes opositores duden de sus compañeros, que la desconfianza los quiebre.

Pero hay quiebres más dolorosos. El piloto Rodolfo González, preso desde abril de 2014, presuntamente se suicidó en su celda del Sebin del Helicoide. Él fue acusado por un patriota cooperante anónimo.

Le incriminaron por «tráfico de armas y asociación para delinquir».

El profesor titular de Derecho Internacional de la Universidad Central de Venezuela, Héctor Faúndez, enfatizó que la legislación venezolana establece la potestad de conocer el nombre de quien acusa para rebatir con pruebas sus señalamientos.

«Las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales así lo indican», destacó al citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles.

Ese convenio suscrito por Venezuela, en su artículo 14, señala que «todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia y tendrán derecho a ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil».

González esperó que iniciarán su juicio tras las rejas y no pudo defenderse de las acusaciones que en televisión hizo el presidente Nicolás Maduro, llamándolo «el aviador» y «cabecilla» del golpe que supuestamente se gestaba en su contra.

El ahora exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, dijo que González tenía en su computadora documentos que involucraban a Antonio Ledezma, Froilán Barrios, Pablo Medina, Rosmit Mantilla y a otros opositores en el complot.

Por cierto, Rosmit Mantilla también fue señalado por un patriota cooperante anónimo. Rodríguez Torres indicó que el activista de Voluntad Popular distribuía los recursos para «mantener las guarimbas». «Nosotros detuvimos a un guarimbero en la plaza Altamira, lo senté conmigo, empecé a preguntarle y preguntarle hasta que por fin me dijo. Indicó que este (Mantilla) y a `el chino’ les pagaba 5 mil bolívares semanales». Después de nueve meses detenido en el Sebin del Helicoide le dictaron privativa de libertad y pase a juicio en enero de este año.

Otros apuntados por «patriotas cooperantes»: Gerardo Resplandor, preso el 8 de mayo de 2014 en el «campamento por la libertad» del PNUD de Altamira. Gilberto Soto, activista de Voluntad Popular de la parroquia San Agustín de Caracas, apresado junto a su esposa e hija de tres años de edad en noviembre pasado. Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, detenidos en marzo de 2014 y sentenciados a ocho años de prisión.

Es tal la discrecionalidad del «patriota cooperante», que puede ser inventado por una autoridad judicial o el Gobierno para justificar las acciones contra disidentes.

«El patriota cooperante» es propio de dictaduras

La Constitución garantiza al detenido conocer la identidad de quien lo acusa, recuerda Héctor Faúndez ÂARCHIVO
El profesor Faúndez afirmó que la justicia chavista repite las prácticas de la Santa Inquisición. En el oscurantismo medieval, las autoridades colocaban buzones en las calles para que cualquiera acusara a quien considerara hereje. Época en la que muchos inocentes pagaron pena de muerte. También citó a los nazis, cuyo régimen hizo que alemanes y extranjeros fueran a la cárcel o ejecutados solo por las acusaciones de un anónimo. Destacó que lo mismo ocurrió en la España del dictador Francisco Franco.

Aunque en Venezuela se celebran elecciones y se habla de democracia, el Poder Judicial no practica los principios de la Constitución, que ordena el acatamiento de los tratados internacionales. Los jueces se hacen de oídos sordos ante los llamados de la Organización de las Naciones Unidas, exigiendo la liberación de los presos políticos por los «vicios» en los procesos judiciales. Existe una resolución, número 1503, que permite conocer las violaciones de los derechos humanos. La ONU registra las denuncias y hace exhorto a los Estados, «no actúa como policía». «En la diplomacia se confía en la buena fe de los Estados, no se espera que un Estado sea delincuente», agrega Faúndez.

CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA La figura del «patriota cooperante» se ha institucionalizado. Si el mismísimo jefe de la «casa que hace las leyes» los cita, no se puede esperar menos de la Fuerza Armaba Nacional. En 2013 se creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) para solicitar, organizar, integrar y evaluar información de interés. Ese ente instauró por primera vez en el país la actividad «enemiga interna y externa».

Se dice que el Cesppa es la institución que debió crear el presidente Chávez con la promulgación de la «ley sapo». Maduro no necesitó de una normativa para declarar el carácter de la reserva clasificada o de divulgación limitada cualquier información, hecho o circunstancia que en cumplimiento con sus funciones tenga conocimiento, para el resguardo de la soberanía y seguridad nacional. Ahí entran las denuncias por «conspiración golpista».

En consonancia con esa política, semanas atrás circuló un documento firmado por el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, para «combatir la guerra económica». Los 24 comandos regionales de la Guardia Nacional recibirán el apoyo de «patriotas cooperantes» para delatar a los empresarios que «hagan boicot y acaparen alimentos». Esas denuncias serán reportadas al Comando Superior de la zona correspondiente.

Al ser consultado sobre la institucionalización del «sapeo», el vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, Néstor León Heredia, manifestó que todos los recursos que garanticen la estabilidad de la revolución son buenos.

Dijo que los «patriotas cooperantes» sí hacen patria.

Editorial de Tal Cual

Yosselyn Torres