Provea alerta sobre la extinción del Estado de Derecho en el país. Nícmer Evans repudió el amedrentamiento hacia la disidencia crítica del gobierno
Provea y Marea Socialista repudiaron la persecución del gobierno de Nicolás Maduro a la disidencia política, que consideran se ha acentuado desde el último trimestre de 2016. La ONG acompañó la denuncia interpuesta ayer por la organización política ante la Defensoría del Pueblo para que investigue actos de intromisión y amedrentamiento contra sus dirigentes.
“El gobierno pasó de aplicar un patrón de represión selectiva a una represión generalizada” contra quienes cuestionan sus políticas, afirmó Inti Rodríguez, coordinador de Investigación de Provea. Señaló que en el país se produce una batida desde 2014.
“El presidente Nicolás Maduro está extinguiendo lentamente el Estado de Derecho en Venezuela. El 20 de octubre pasado se instauró una dictadura del siglo XXI con la suspensión del proceso de recolección del 20% de las firmas para el referéndum revocatorio. No tenemos dudas de que el gobierno se está convirtiendo en un gobierno policial represivo”, afirmó.
Rodríguez añadió que el Ejecutivo no solo boicoteó el proceso refrendario; también ha frenado cerca de 200 comicios de sindicatos en empresas por el temor a la derrota. Mostró preocupación por el incremento del número de presos políticos que, aseguró, sobrepasa el centenar, y por la existencia de 160 personas detenidas por protestar por la escasez y servicios básicos.
El vocero de Provea agregó que muchos de estos ciudadanos han sido sometidos a procesos en la Fiscalía Militar y recluidos en cárceles comunes.
El politólogo Nícmer Evans, dirigente de Marea Socialista, señaló que las actuaciones recientes del gobierno contra quienes piensan distinto lo ubican como un régimen que “pasó de ser un autoritarismo competitivo a una neo dictadura”.
Aseguró que nadie los callará. “Estamos ante una ola de terror y eso también lo hacen con el Comando Antigolpe”, señaló.
Evans dijo que dirigentes de Marea Socialista y miembros de la plataforma en defensa de la Constitución, como el mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones, así como el ex ministro Miguel Rodríguez Torres, son perseguidos de la misma forma cómo ocurre con dirigentes de la oposición.
“Al igual que a los dirigentes de la MUD, con o sin razón, nos persiguen. En nuestro caso, sin razón. Es posible que se nos esté montando en una olla para detenernos y privarnos de libertad”, alertó.
Denunció que la persecución de la que son objeto incluye el despliegue de una campaña de descrédito desde la plataforma mediática del Estado. Abogó por el respeto al derecho a la participación política.
Indicó que aún no han sido convocadas las elecciones regionales, pero que hay indicios de que, culminado el proceso de legalización de los partidos, los sufragios se realizarían a finales de este año o a principios de 2018.
Libertades coartadas. Gonzalo Gómez, directivo de Marea Socialista, afirmó que en vez de investigar los hechos de corrupción y el desfalco a la nación, el gobierno insiste en ejecutar una secuencia de hechos que configura una limitación de las libertades democráticas, y el derecho a la participación y a la asociación. Dijo que interpondrán estas denuncias ante instancias internacionales y afirmó que la persecución ha llegado a despidos injustificados como el de Gustavo Martínez, quien luchó por la nacionalización de Fama de América.
Marea Socialista, en la denuncia interpuesta ante la Defensoría del Pueblo, refirió los obstáculos para que la organización política ejerza el derecho a la participación en asuntos públicos. Gómez afirmó que aún esperan respuesta del TSJ sobre la legalización.
“Desde 2014 hasta hoy, enero de 2017, Marea Socialista es una organización proscrita”, argumentaron.
“No me dejaré aprehender”
El mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones, como miembro de la Plataforma en Defensa de la Constitución, se unió a la denuncia de los dirigentes de Marea Socialista y se refirió a los rumores que han circulado sobre su posible detención. “Me siento tan acechado como el resto del pueblo venezolano”.
Aseveró que si llegara una comisión a detenerlo, “no me dejaré aprehender”, pero de ocurrir se reservó las acciones que emprendería. Cuestionó el Comando Antigolpe y dijo que la estructura no va dirigida a la FANB, sino que busca perseguir a la disidencia.
“No he cometido ningún delito y no voy a aceptar ningún abuso por parte del gobierno”, expresó. Agregó que quienes se asumen como los herederos del comandante Hugo Chávez temen medirse en un proceso electoral.
Alcalá Cordones señaló que el gobierno trabaja con falsos positivos para justificar sus acciones. “Ven a uno como un objetivo”, indicó. El general retirado aseguró que en 2016 el Ejecutivo se consolidó como violador de los derechos humanos.
Por Confirmado: Ismeidy Pico
Fuente: EN
