Con respecto a la decisión de siete tribunales del país de dejar sin efecto la recolección del 1% de firmas para el Revocatorio en los estados Bolívar, Apure, Trujillo, Zulia, Monagas, Carabobo y Aragua, la abogada penalista, Beatriz Di Totto, aseveró este domingo que la jurisdicción penal no tiene competencia “absoluta” en procesos electorales.
“Un juez penal está solamente llamado a conocer sobre delitos y ni siquiera está llamado a investigar delitos porque esa es una competencia que le fue sacada desde el año 1999 con el Código Orgánico Procesal Penal y con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, sentenció.
En ese sentido, explicó, durante una entrevista en el programa Diálogo Con… transmitido por Televen, que los jueces penales de los tribunales mencionados debieron remitir las querellas, es decir, las acusaciones por delito interpuestas por presunto fraude electoral, al Ministerio Público (MP) para que este abriera la investigación correspondiente.
De acuerdo con la querella interpuesta en el estado Bolívar a la que Di Totto tuvo acceso por los presuntos delitos de “aprovechamiento de acto falso, falsa atestación de funcionario público, suministro de acto falso al Poder Electoral y agavillamiento”, la prohibición de salida del país le fue dictada, a su juicio, a los querellantes.
“Lo insólito es que el juez al que le dicta la prohibición de salida del país no es a Andrés Velásquez ni a Braulio Merino ni a Raúl Yusef como lo dice la notificación, sino que se la dicta (…) a las personas que interpusieron la querella”, aseguró.
Mencionó también que con la notificación de los siete tribunales penales no se está impugnando el proceso electoral, sino que “de alguna manera” se persigue la responsabilidad de quienes pudieran haber incurrido en irregularidades durante el proceso de recolección del 1%.
Asimismo, indicó que no se ha determinado que haya delito porque “ni siquiera” hay una actuación del MP “que es el único órgano que pudiera determinar si hay elementos para considerar que alguien debe ser imputado”, sino que se trata, solamente, de la introducción de una querella y «no una investigación que haya sido iniciada».
En cuanto a la privativa de salir del país a los dirigentes de oposición, Di Totto expresó que “por más injusta que pueda ser” está dentro de las facultades de un juez penal, pero si hubiere fundamento para hacerlo. Instó a los afectados a impugnar esa medidas a través de los recursos jurídicos correspondientes.
“El hecho de que un juez, in abstracto, tenga esa facultad no significa que lo esté haciendo adecuadamente. En este caso lo más probable es que lo haya hecho con abuso de poder”, apuntó.
Igualmente, indicó que no existen noticias de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya sido notificado sobre la actuación de los mencionados tribunales de dejar sin efecto la recolección del 1%.
Por otra parte, instó a quienes sienten que le «arrebataron» el Revocatorio a buscar mecanismos de organización
política, mediación y observación, para que su manifestación de voluntad quede registrada.
“Yo creo que todavía el Revocatorio está vivo, todavía existe una posibilidad de Revocatorio o de cualquier otra salida anticipada del presidente por vía constitucional y pacífica”, añadió.
EU
