Escasez, casos de corrupción y pérdidas millonarias en productos básicos han sido el balance de las iniciativas gubernamentales

 
Anzoátegui.- “Es una gran misión cívico-militar para imponer orden en todas las cadenas de la economía”. Con esas palabras el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, presentó a los venezolanos la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro (Gmass).

Su posterior publicación en la Gaceta N° 40.941 hizo oficial el inicio del plan social, a cargo del ministro de la Defensa Vladimir Padrino López.

A escala regional, el general Sergio Rivero, junto al gobernador Nelson Moreno, la autoridad en materia agroalimentaria e industria, jefes de Bolivariana de Puertos (BoliPuertos) y uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) será el encargado de velar por el resguardo de los contenedores que salgan del Puerto de Guanta.

La estructura de la Gran Misión estará conformada por siete pasos y apoyada por la creación de otros seis proyectos que incluyen producción de semillas, de proteína animal, de alimentos balanceados para animales, artículos de limpieza y aseo personal; además de la regionalización del menú del Programa Escolar Alimentario (PAE) y la protección a los ciudadanos con enfermedades crónicas.

Con la Gmass, el Gobierno espera, finalmente y en líneas generales, controlar y vigilar la distribución de los rubros, eliminar el contrabando y las colas, neutralizando así a los llamados bachaqueros.

Esos mismos objetivos eran los que se perseguían con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Sin embargo las colas fuera de los comercios se han mantenido desde la activación de este mecanismo, en abril del presente año.

Los Clap, conformados por miembros de Unamujer, Ubch, Frente Francisco de Miranda y consejos comunales reciben productos regulados para ser vendidos a precios justos en cada comunidad del país, cortando la cadena de distribución para así, bajo vigilancia revolucionaria, “asegurar la entrega al consumidor final y combatir la guerra económica no convencional”, según el presidente Maduro.

Sin embargo, lo ofertado no fue lo recibido. En Anzoátegui han llovido denuncias que ponen en tela de juicio el compromiso y la integridad de los Clap y sus miembros.

Irregularidades
Vecinos de Guanta acusaron ventas con sobreprecio. Contaron que pagaron 3.500 bolívares por una bolsa que contenía leche, harina de maíz precocida, arroz, pollo, carne y aceite. No obstante, al fijarse en el precio marcado en los artículos y sacar cuentas notaron que éstas no superaba los Bs 2.500.

“Sigue siendo económico, el detalle es que esas estructuras se crearon para eliminar la distorsión, pusieron a su gente porque pensaron que eran incorruptibles, y no lo son”, explicó el vecino Rubén Rivas.

El concejal de la Mesa de la Unidad en McGregor, Armando Barroso, denunció el 22 de junio, que en ese municipio ocurría lo mismo.

“Lo cierto es que aquí los primeros que especulan y se aprovechan de la necesidad del pueblo son precisamente los directivos de la Alcaldía de McGregor”, aseveró Barroso.

En la urbanización Chuparín de Puerto La Cruz las bolsas fueron insuficientes, lo que despertó la inquietud de los vecinos.

“Si se supone que hay un censo de cada comunidad y se envían las bolsas contadas, ¿por qué quedamos por fuera? ¿A quién le dieron nuestro combo?”, preguntó Isabel Garito, quién agregó que esto sucedió en medio de una visita del gobernador al sector.

Semanas antes ocurrió algo similar en Villas Olímpicas de Barcelona. Arianna Guevara mencionó que algunos residentes no pudieron adquirir los alimentos. Habitantes del barrio El Asfalto de Puerto La Cruz hicieron la misma acusación.

Algunas comunidades reportaron haber recibido la bolsa una vez al mes o más. Otras, como es el caso de Vidoño y Tronconal en Barcelona; Pamatacualito y La Laguna en Guanta; y Sierra Maestra y Bella Vista en Puerto La Cruz no han sido beneficiadas con el programa.

Consumidores argumentan que por las razones expuestas las colas se han mantenido aún con la implementación de los Clap.

El único eslabón de la cadena de distribución que escapaba de la supervisión del oficialismo, era la movilización de los rubros de primera necesidad desde los puertos hasta los supermercados y abastos. Ahora, con la Gmass ejecutada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), el control del Gobierno es total.

Con respecto a sí los rubros llegarán a la empresa privada, el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz expresó que “todo producto regulado debe ir a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción”. Ninguna otra autoridad se ha referido al asunto, pero sería la segunda vez que se presume que los insumos básicos serán manejados únicamente por la estructura gubernamental.

Antecedentes
Para la regulación y control del sector alimentario, el expresidente Hugo Chávez se refugió en el artículo 305 de la Constitución, que en cuanto a los deberes del Estado, reza que:

“..Garantizar la seguridad alimentaria de la población, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente por parte del público consumidor…”
En 1999, el exmandatario inició el Plan Bolívar 2000, a través del cual militares llevarían alimentos y medicinas casa por casa.

Sin embargo, posteriormente, 21 de los 24 generales involucrados fueron investigados por corrupción.

En 2003, Chávez creó la Misión Alimentación “para la consolidación de la soberanía alimentaria”. En ese entonces, resaltó numerosas veces la importancia de que el Gobierno venezolano tuviese el control de la alimentación del pueblo, “para garantizar su distribución equitativa en la población, y sobre todo los de la clase más baja”.

Los organismos adscritos a la Misión Alimentación fueron, en el área agrícola, Productos Casa, Sada y Venealcasa; en la producción y distribución de alimentos, Mercal, Pdval y Logicasa; y con casas de alimentación y bolsas solidadarias, Fundaproal.

En esa oportunidad los alimentos distribuidos por el Ejecutivo eran: aceite, arroz, azúcar, granos, carne de res, harina de maíz, harina de trigo, leche entera en polvo, margarina, mortadela, pasta alimenticia y pollo.

Luego, en 2010, salió a luz pública el caso Pdval. Aproximadamente 130 mil toneladas, con fecha de caducidad cumplida incluso desde 2007, fueron encontrados en contenedores ubicados en distintos puntos de Puerto Cabello, Tinaquillo y Yaracuy.

Tras el escándalo, el expresidente de Pdval, Luis Enrique Pulido, y los directores Ronald Flores y Vilyeska Betancourt fueron detenidos; y posteriormente liberados. Tiempo después, Flores y Betancourt se reincorporaron a sus cargos, mientras que Pulido trabajó en la campaña electoral de Chávez en 2012.

Al respecto, líderes opositores aseguraron que dichos directivos importaron, adrede, más alimentos subsidiados de los que podía distribuir la red, porque supuestamente estarían enriqueciéndose, de modo ilícito.

Ahora, como parte del decreto de Emergencia Económica se inició la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, que promete, al igual que los anteriores planes “controlar el sistema de producción y distribución hasta el consumidor final, para garantizar la seguridad y el acceso de los productos y las materias primas”, además de “eliminar las colas y ganar la guerra económica no convencional “.

Incompleto
A pesar de que los productos de higiene personal han estado histó- ricamente dentro de los planes gubernamentales de distribución de rubros de primera necesidad, a 17 años de la activación del primero de esos programas, no se ha visto el primer “combo” que los incluya.

Rumores
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) se hicie- ron más controversiales tras desatarse rumores de que los comercios privados no expenderían más productos regulados. Aunque el ministro de Alimentación desmintió la información, el Vicepresidente Aristóbulo Istúriz manifestó lo contrario.
Arianna de Sousa