Más allá de lo ocurrido en la audiencia de este viernes 22 de julio en la cual Leopoldo López, preso en una cárcel militar, ejercía su derecho a la apelación de la injusta condena que le fue impuesta por un sistema judicial obediente y servicial a los mandatos del poder civil y militar, lo que debe quedar bien claro es la inmensa capacidad de este gobierno para «fabricar casos judiciales» de la misma forma en que las dictaduras lo han hecho siempre en América Latina.

El Libertador Simón Bolívar ha trasmutado en la figura selvática y salvaje de un gorila como el general Pinochet, o de Duvalier en Haití, de los Somoza en Nicaragua, de Noriega en Panamá o de Fidel Castro en Cuba, que sin ser militar se enfunda infantilmente en un uniforme verde oliva para infundir temor o inducir la reverencia de sus fanáticos.

En este siglo XXI hemos regresado a la impudicia de los batallones de soldados que, sin mandato ni ley, arrasaban haciendas y hatos de ganado para alimentar las revoluciones que tenían como único fin hacerse con el poder y, desde luego, con el tesoro público para repartir algunas migajas entre el círculo de sus favoritos.

A finales del siglo XX cabía soñar con el entierro en la historia de las naciones latinoamericanas del castigo previo que los jóvenes políticos que pretendían llegar al poder y restaurar la democracia debían pagar sufriendo prisión, exilio, confiscación de sus bienes, persecución a sus familias y, como si fuera poco, campañas demoledoras de su imagen y de sus verdaderos propósitos.

Hoy el chavismo trata de calcar de una manera primitiva y ramplona la ruta de ese calvario, pero crucificando al pueblo con hambre y miseria.

Se equivocan lastimosamente porque los nuevos líderes no llegarán a cumplir una «misión sagrada» como el apóstol Hugo, sino para algo más concreto, específico y cotidiano como lo es ejercer el poder para restituir democráticamente nuestras libertades conculcadas por una camarilla de civiles y militares.

El gobierno inmerso en un inmenso y pestilente pantano de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, no solo ha llevado el país a la ruina moral y material, la hambruna y la desprotección de la salud y de la vida, sino que en una voltereta sin precedentes en la historia nos insertó ­con el pretexto de sembrar una revolución­ en el poderoso círculo de hierro del crimen organizado transnacional.

Hoy somos objeto de sospechas y de vigilancia especial de las autoridades policiales y aduaneras en cualquier parte del mundo. El trato especial que recibíamos ha cambiado drásticamente.

Quienes hoy están precariamente en el poder deben recordar para siempre lo que ocurrió este viernes pasado en esa estrafalaria audiencia de apelación de Leopoldo López.

El sabotaje preparado de antemano por el oficialismo para impedir que en un acto en el que la justicia estaba obligada a resplandecer se oscureciese como si se tratara de una pendencia en una cantina. Querían impedir que los demócratas del mundo escucharan sus palabras: «Soy inocente de los delitos que me ha imputado el Ministerio Público».

Editorial de El Nacional